“La subida al 75% de la bonificación al transporte para los residentes en Melilla, junto al aumento de la bonificación por residencia en el IRPF del 50 al 60%, y el aumento salarial de los funcionarios”…”va a generar un ahorro de entre 18 a 20 millones de euros”,…”que se quedan en Melilla para el bolsillo de los ciudadanos, lo que tendrá como consecuencia una reactivación del consumo y generación de empleo.”
El razonamiento del Presidente tiene su lógica, precisamente esa a la que nos tiene acostumbrados, pero eso no quiere decir que sea acertado. Es más, considero que es erróneo, puesto que incurre en la denominada
falacia de la composición, algo que se produce cuando alguien se empeña en inferir que lo que es verdadero para una parte de un conjunto determinado es también verdadero para la totalidad de ese conjunto –lo cual es demasiado inferir-, dicho sea de paso.
Grupos de beneficiarios
Los beneficiarios de estas medidas principalmente van a ser los siguientes:
• Los residentes que viajan, cualidad que, en mayor o menor medida –esa es parte de la cuestión-, poseemos todos los melillenses. No obstante, hay que considerar quienes viajan y pueden viajar más y quienes lo hacen menos, no solo por cuestiones económicas, que también, sino por otras consideraciones (mayor o menor tiempo de vacaciones o de ocio en general).
• Los empleados públicos de la administración en cuanto al aumento de sus sueldos, que constituyen una parte importante (aproximadamente un 52% de la población asalariada y, en términos de población total, aproximadamente pueden implicar, de una forma u otra, a un 35% de la población residente).
• Todos los residentes que tengan que presentar declaración por impuestos porque su renta supere el mínimo exento y que, por tanto, sus salarios superen el salario mínimo interprofesional; y que no sean empresarios ni autónomos (cuyos ingresos, por término medio, están descendiendo entre un 30 a un 40%, habida cuenta de la crisis económica que golpea a la ciudad), ni pensionistas (otro tanto). Es decir: para que las mayores bonificaciones fiscales se conviertan en mayor renta, primero hace falta tenerla; segundo, superar un determinado nivel; y tercero que pase, como mínimo, un año más, que es cuando habría que declararla a hacienda. Además, no es lo mismo que te vayan a devolver diez euros de más cuando hagas la declaración de la renta dentro de un año que mil euros. Los beneficiarios del primer caso van a ser muchos; mientras que los del segundo unos pocos, ya que todo depende de nivel de renta.
Particularmente, pienso que es mejor obtener estos dos aumentos en las bonificaciones así como la subida de sueldo para los empleados públicos antes que no obtener nada; y también me alegro mucho por los integrantes de los colectivos beneficiados por estas decisiones del Gobierno de Rajoy a propuesta de Imbroda, pero me alegraría mucho más si el proceso deductivo que ha seguido el señor Imbroda pudiera llegar a ser posible. Sin embargo, como ya vimos en el artículo anterior, un aumento en la renta no implica necesariamente un aumento en el gasto privado en Melilla que, a su vez, sea capaz de impulsar la actividad económica y, por ende, la creación de puestos de trabajo en Melilla, de los que estamos tan necesitados.
Por ejemplo, si la medida de la bonificación del 75% de los transportes se extendiese a todos los viajeros potenciales, fuesen residentes en Melilla o no, sería grandiosa porque permitiría contrapesar el turismo entrante con el saliente; pero para los no residentes no hay nada, solo unos precios muy elevados en términos comparativos con otros destinos, que condenan a la ciudad al aislamiento más absoluto y a la inviabilidad turística. Para eso no se mueven nuestros gobernantes, porque no hay un interés electoral inmediato.
Estaría muy bien que se cumpliera el cuento de la lechera de Imbroda, pero no se va a producir el aumento de la actividad y el empleo porque las medidas no van a generar ese efecto, ya que el aumento del poder adquisitivo para algunos melillenses, a pesar del aumento nominal de la renta, no va a generar un aumento en el consumo, sino que, es más, probablemente el gasto en consumo local hasta disminuya y, por tanto, no van a tener efecto en el empleo local. Así son las cosas. Para producir los efectos pretendidos, habría otras formas mucho más eficaces y eficientes invirtiendo el mismo dinero público en beneficio de la totalidad de la ciudad.
Lo preocupante es que gobierno de la nación, que se presupone más serio, sea capaz de aprobar medidas diseñadas apresuradamente, con un interés electoral evidente, y que no van a beneficiar a la totalidad de la población, sino principalmente a una parte. Me preocupa, además, que se hayan utilizado argumentos en pro del desarrollo y la creación de puestos de trabajo en Melilla cuando algunas de estas medidas no superarían una mínima evaluación económica previa independiente y honesta.
Pero, ¿Qué puede esperarse del gobierno del señor Rajoy, que es capaz de retirar el artículo 155 en Cataluña para conseguir el voto del PNV, o por las continuas dádivas para cualquier otra región para sacar adelante los presupuestos? Sinceramente, me parece una vergüenza, una ofensa a los españoles y una demostración de que la política con minúsculas que está practicando demuestra que todo le vale con tal de intentar seguir apegado a la poltrona.
Y eso por no hablar del espectáculo que están dando con las pensiones, y las diferentes ofertas electorales a cambio de un trozo de tarta electoral que están dando los partidos políticos. Se están cargando una de las bases más firmes que disponíamos para intentar su mantenimiento sostenible en el tiempo, como es el llamado pacto de Toledo. Son unos irresponsables.
Los mal llamados “planes de empleo”
En otro orden de cosas, los llamados
planes de empleo se han sacralizado en Melilla, y
forman parte ya de algo tan intocable como desestabilizador para la economía de la ciudad y es que, a largo plazo, perjudica a aquellos desempleados a los que, en teoría, tratan de beneficiar. El nombre es incorrecto ya que, en realidad,
son planes para volver al desempleo y garantizar el cobro de la prestación y el subsidio de paro de los beneficiarios hasta la próxima contratación, y así sucesivamente.
Sin entrar en consideraciones de productividad, o de competencia desleal con la demanda de trabajo por parte de las empresas privadas, o de formación de capital humano y aumento de las probabilidades de ascenso social de cara al futuro de los beneficiarios de los planes. Sin entrar, como digo, en todo lo anterior, hay que decir que una inyección de liquidez en una economía relativamente aislada, como es Melilla, de aproximadamente quince millones de euros en un periodo de seis meses, debería ser como, por poner un ejemplo, cuando llega agua a las tuberías tras un largo corte de suministro, de forma que, a través de los vasos comunicantes que forman las empresas locales, los trabajadores, los impuestos, y demás agentes económicos, contagiase, finalmente, a una gran parte de la economía.
Pero el problema es que no llega. El problema es que una gran parte de tal inyección de liquidez, descontadas las cuotas obligatorias a la seguridad social y los pagos por vivienda y suministros básicos descritos en el artículo anterior, la mayor parte de tal remanente no se gasta en Melilla, y no llega a entrar esa liquidez en el ya de por si necesitado sistema económico local.
O sea, que habría varias formas de gastar mejor ese dinero público –de las que hablaremos en próximos artículos- pero a los políticos locales, con el permiso necesario de los dirigentes nacionales, que todo hay que decirlo, no les interesa. Lo que les interesa es ofrecer pan para hoy y hambre para mañana, y tener enganchados a la “lotería” de los planes a una buena parte de la población. El daño es inmenso y se condena a una parte de la ciudad a la dependencia de lo público y a su debilitación como individuos, aunque eso pudiera ser, precisamente, lo que se busca. Aparentemente son buenos, realmente son nocivos.
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