A Bohórquez le ha tocado la «Lotería»

“Para desterrar la corrupción y ampliar los grados de libertad e igualdad ciudadanas, se requiere también de instituciones civiles fuertes que puedan fiscalizar a los partidos y su actividad dentro de los poderes del Estado, es decir: crear instrumentos legítimos de vigilancia desde la sociedad y de contrapesos institucionales en el gobierno para impedir la concentración de poder y, con ella, la corrupción generalizada en el Estado y en la sociedad” (Julio Cotler).

El editor Bohórquez ya tiene su regalo de Reyes, o mejor habría que decir que ya tuvo el de Navidad o, desgraciadamente, que ya obtuvo un gran «premio» para el día de la Constitución, esa Ley de Leyes que algunos corrompen diariamente con su nefasto paso por las instituciones del estado.
Un Director Provincial ha resuelto archivar el expediente abierto a Bohórquez, mediante un acta de la Inspección de Trabajo, por estar disfrutando de una pensión y, por tanto, no cotizar a la seguridad social al régimen de autónomos mientras ha seguido desempeñando durante cuatro años, estando jubilado, y hasta cuando fue descubierto, el cargo de Administrador Único en algunas sociedades -como Prensa de Melilla, SA, que edita Melilla Hoy- en las que es accionista mayoritario.
Esa resolución del director provincial ha sido efectuada contra una propuesta de resolución en sentido contrario que estaba apoyada en la referida Acta de Inspección, y que establecía la obligación de devolver las mensualidades indebidamente percibidas por Bohórquez, más las cotizaciones a autónomos por los mismos meses en que recibió la pensión, y todo ello junto a recargos, intereses y sanciones correspondientes. O sea: más de 150.000€, en la circunstancia probable que la pensión fuese la máxima del sistema de seguridad social
Para casos similares, la Administración siempre exige el pago al ciudadano que es descubierto en tales circunstancias, y este, si no está de acuerdo, pleitea en los Tribunales hasta que estos resuelven, y así es en toda España, incluso en Melilla, a menos que te llames Bohórquez o Marin, porque así se apellida otro agraciado con la lotería de aproximadamente el Día de La Constitución.
Pero hay más casualidades: han aprovechado (porque este acto, sin duda, está apoyado por sus superiores en la Delegación del Gobierno en Melilla, y estos, a su vez, en la cúpula suprema del Partido Popular en Melilla, que gobierna esta ciudad desde hace 14 años) que el Jefe de la Inspección de Trabajo en Melilla abandonaba la ciudad para acudir a su nuevo destino en Valencia para resolver cuando este se marchaba, aunque luego le contarían la «despedida«, tan cordial como nos tiene acostumbrados, que le dio el editor en su siguiente editorial, y es que es incorregible: «genio y figura…». Tampoco es la primera vez que ocurre algo extraño con este individuo: la Delegación del Gobierno archivó hace dos años varias multas de tráfico impuestas al hijo del editor.
El director provincial, Jose M. Carbonero, socialista durante décadas, presenta otra curiosa segunda característica: es miembro del Foro que Bohórquez organiza y preside para su propia gloria, con el acompañamiento de algunos otros, exclusivamente para salir en su periódico fotografiados comiendo, porque no constan otro tipo de propuestas ni alternativas. Este funcionario será, sin duda alguna, uno de los que el editor califica en sus editoriales como «grandes funcionarios», en contraposición a los «malos funcionarios» que son aquellos que se atreven a ponerle multas, a inspeccionarle, a denegarle subvenciones, a no admitirle gastos en sus justificaciones de subvenciones y a no pagarle sus facturas el mismo día en que las presenta. ¡Qué osadía tienen estos funcionarios no cumpliendo con los deseos del infame editor!
Si esta resolución es correcta, bienvenida sea; pero si no lo es, como es más que probable, el Sr. Carbonero debe saber que estas cosas no salen gratis, y que si ha hecho algo inadecuado e ilegal va a pagar por ello, tarde lo que tarde la Justicia en resolver. El interés público no debe ser nunca el interés particular de alguien que representa al público.

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