La prueba del algodón (reedición)

Hace unos días, el multimillonario estadounidense (ahora presidente) Donald Trump dijo que “España es un país increíble. Es un gran país, pero está enfermo y este es el momento de aprovecharlo”. Independientemente de que nos caiga mejor o peor este individuo, desgraciadamente la afirmación tiene un elevado grado de certeza. España está enferma, nos guste o no, y los españoles tenemos la obligación de levantarla.

Dicen que los grandes líderes surgen durante las grandes crisis. Esperemos que pueda ser así en España, porque hoy en día, como en diferentes ocasiones pasadas, estamos realmente necesitados de líderes creíbles y capaces de conseguir sacarnos de la verdadera encrucijada en la que estamos inmersos. Obviamente, no me refiero a uno exclusivamente. Me refiero a un conjunto de personas trabajando de manera organizada y simultánea, incluso discrepando abiertamente entre sí, porque esta es la principal ventaja de la pluralidad política. Como dijo Benjamín Disraeli: Ningún gobierno puede mantenerse sólido mucho tiempo sin una oposición temible”.

También dicen que en las crisis surgen grandes oportunidades. Oportunidades de hacer las cosas de manera diferente. Oportunidades de crear, innovar, aprovechar y mejorar; de repensar, racionalizar, reformar, modificar y adecuar; de utilizar, eliminar, disminuir y reunificar. En definitiva: oportunidades de cambiar, que sólo serían aprovechadas si, al final del proceso, se hubiese logrado mejorar con respecto a la situación previa.

Lo primero sería diagnosticar correctamente la situación en la que estamos y, para ello, es primordial saber diferenciar bien entre sus causas y sus efectos, porque aplicar terapias exclusivamente sobre los segundos nos condenaría irremediablemente a seguir sufriéndolos en el futuro en ciclos de mayor o menor intensidad, al tiempo que implicaría seguir dilapidando unos recursos escasos –y no me refiero exclusivamente a los económicos- sin solución de continuidad, de forma que sólo sirvan para dulcificar el presente. Precisamente esto: dulcificar el presente, parece ser la intención de los líderes europeos actuales. De todo lo anterior, iremos hablando poco a poco.

No obstante, en algunos casos los efectos son tan evidentes y perniciosos que, olvidándonos de sus causas, se podría, a mi entender, luchar contra ellos eficazmente. Este es el caso de la corrupción.

Entre las manifestaciones principales de la enfermedad de España, destaca la corrupción generalizada a lo largo y ancho del país, cuyas manifestaciones afectan incluso a las más altas personalidades de la nación como hemos visto recientemente. Una corrupción enraizada en nuestras instituciones y, desafortunadamente, incluso aceptada, cuando no propiciada,  mediante la acción o la omisión, por muchos de nuestros ciudadanos, acostumbrados como estamos a vivir rodeados por ella e incluso por la memoria histórica transmitida por los antepasados. Una corrupción que adopta formas diversas y dispares según la clase de poder del que emana: Desde la tradicional “mordida” a las facturas presentadas al tráfico de influencias; desde el “enchufe” a familiares, amigos y miembros del partido gobernante al establecimiento de redes de clientelismo mediante el uso de las subvenciones y los contratos públicos; desde la adjudicación repetitiva de contratos menores fraccionados a la inducción de la contratación de personas concretas por parte de concesionarias o beneficiarias de contratos públicos; desde las licencias y servicios “express“ en función del interés, político o económico, del solicitante al trabajo a “reglamento”, es decir: “venga usted mañana” para quienes no ofrecen nada o no tienen nada que ofrecer; desde puntuales errores clamorosos de la administración, que casualmente producen beneficios económicos directos a particulares, y de los que nadie carga con las consecuencias a la instigación por particulares y empresas a las autoridades para que resuelvan de una determinada manera. En definitiva: la “morfología” y la geografía de la corrupción en España es amplia y variada, y aunque se han hecho intentos para reducirla sigue perviviendo en las conductas cotidianas.

Por supuesto que existen numerosos políticos, funcionarios, empresarios y ciudadanos honestos que no realizan ninguna de las actividades descritas u otras que pudieran existir, pero, como se dice con las “meigas”, existir, existen las corruptelas y tanto si queremos aceptarlo como si no.

En mi opinión, llevar a España a unos niveles de corrupción similares a los de los países menos corruptos del mundo de acuerdo con los estándares de la entidad Transparencia Internacional –porque hay que reconocer que es imposible su erradicación total- debería constituir un objetivo nacional deseable, abordable y asumible, que propiciaría, a su vez, efectos benévolos inmediatos, tanto cuantitativos como cualitativos, sobre otros males que afectan a nuestro país.

Entiendo que sería deseable porque lo que más desanima a los ciudadanos es percibir, equivocadamente o no, que la Justicia tiene diferentes varas de medir y que sus tratos con la administración no se realizan en condiciones de igualdad; abordable porque contamos con los medios necesarios y suficientes para combatirla, aunque haya que crear organismos y realizar reorganizaciones y dotaciones presupuestarias en algunos departamentos a reforzar para que puedan comprometerse con este objetivo; y, finalmente, asumible porque si otros países lo han logrado, nosotros también podemos hacerlo. No existe en el ADN de los españoles un cromosoma permisivo de la corrupción, ni tampoco en nuestra religión mayoritaria ni nada por el estilo. Tenemos que aceptar, de una vez por todas, que la corrupción no debe ser la pauta general de conducta de muchos gobernantes y particulares, y que debemos reducirla a su mínima expresión, aislando a los corruptos, castigándolos debidamente y evitando que puedan repetir sus fechorías en el futuro.

Las reformas en el Código Penal y el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, pueden parecer un buen comienzo y de hecho lo son, pero no servirán para nada si no cuentan adicionalmente con un cambio en la actitud de los españoles hacia la corrupción. Porque una Ley no vale nada si no viene acompañada de una voluntad firme de aplicarla, sean cuales sean las consecuencias, y un apoyo decidido y generalizado por parte de los ciudadanos. Un cambio de actitud que debería provenir de la mayoría de los españoles, aunque esto sólo podrá ser así cuando lleguen a ser conscientes de que las instituciones son suyas, que no deben tener miedo a denunciar conductas y hechos impropios, para lo que, en contrapartida, deben sentirse protegidos por el ejercicio de su derecho.

La Fiscalía anti-corrupción podría ser un instrumento adecuado para poner en valor las aspiraciones de muchos españoles por erradicar la corrupción. Pero debería ser reforzada en sus medios y liberada de la dependencia orgánica del Fiscal General del Estado, que está, al fin y al cabo, sujeto a un nombramiento político y, por tanto, puede ser sumiso a las consignas emanadas por el gobierno de turno. Para ello habría que reformar la Constitución. Es un inconveniente, pero podría y debería realizarse porque merece la pena. También debería garantizarse el anonimato a los ciudadanos que presenten denuncias a la citada fiscalía con un determinado fundamento mínimo. Por otra parte, la fiscalía debería tener la posibilidad de actuar de oficio en los casos en que los particulares prefieran no hacerlo, siempre y cuando exista un nivel de pruebas suficiente. Finalmente, deberían garantizarse procedimientos judiciales gratuitos para aquellos denunciantes que los necesiten.

En otro orden de cosas, y dado que se trata de un objetivo nacional, sería necesario realizar funciones de control externo de carácter administrativo a las diferentes instituciones públicas, mediante la creación de un organismo con competencias de ámbito nacional, que fuera dotado de autonomía funcional, presupuestaria y capacidad sancionadora, configuradas todas  legalmente, de manera que pudiera, por una parte, observar, monitorizar, evaluar y corregir los potenciales riesgos de prácticas de corrupción en administraciones públicas concretas; y, fundamentalmente, exigir a las diferentes administraciones y entidades públicas el estricto cumplimiento de los planes de control anualmente aprobados para la consecución gradual del objetivo nacional de reducción de la corrupción aparente, que deberían fijarse en la forma más ambiciosa posible al objeto de alcanzar, a medio plazo, al país mejor posicionado entre los menos corruptos.

Sí. Ya sé. Lo anterior tiene un elevado coste y ahora nos encontramos en época de restricciones presupuestarias, pero hay que decir que tal coste sería ridículo en relación a los beneficios de todas clases, y no sólo económicos, que podría producir. Simplemente, y de forma prácticamente inmediata, los ahorros por los sobrecostes de todo tipo que la corrupción implica justificarían financieramente la reforma, pero habría que añadir otros como el incremento en la seguridad demandada por la inversión extranjera para establecerse en España; la mejora de la confianza que ofrecen las empresas, particulares e instituciones españolas a la hora de realizar transacciones económicas con el exterior; y más a medio plazo, la preeminencia del mérito, el esfuerzo y la capacidad como los factores decisivos para conseguir cosas en España, en lugar de las comisiones, el cohecho, el amiguismo, las trampas, los enchufes, la información privilegiada, etc.

En definitiva: Lo que procedería es la “tolerancia cero” con el fenómeno de la corrupción, y que cada una de las instituciones públicas llegase a tener unas formas de actuar tan limpias y tan transparentes que fueran susceptibles de pasar con nota “la prueba del algodón”. Considero que entonces muchas cosas podrían cambiar en España.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente en este Blog en el mes de Junio de 2012.

La Luz: un servicio imprescindible para Melilla

Pues sí. Al final ha tenido que dimitir el presidente del gobierno del PP en la Región de Murcia, a pesar de haber intentado mantenerse contra viento y marea. Y ha tenido que hacerlo, también a pesar de que tanto Rajoy como el Partido Popular nacional, y no digamos el regional, apostaron -durante casi dos interminables meses- por su permanencia hasta el último minuto. Muchos han estado defendiendo a un político que había incumplido claramente sus compromisos, que había incumplido con la palabra dada y la Ley que él mismo había aprobado, junto al resto de la Asamblea de Murcia, aunque solamente debido a la presión del grupo político de Ciudadanos.
En Alemania, Estados Unidos, Reino Unido o Suecia y otros países, un dirigente de este corte no aguantaría ni medio telediario antes de verse obligado a dimitir, o que le dimitieran sus superiores. Aquí no. Aquí se le sigue apoyando, ahondando la brecha existente entre los políticos y la ciudadanía, que bastante tiene con llegar a fin de mes en buena parte, y eso cuando pueden hacerlo porque no se encuentren afectados por el desorbitado paro o los bajos salarios.
Se dispara la preocupación de los españoles por la corrupción
No es extraño que la percepción sobre el problema de la corrupción se haya disparado entre los españoles hasta el 44,8 %, según el CIS. Estamos viviendo un primer semestre de 2017 verdaderamente rocambolesco. Los casos Correa, Urdangarín, Rato, Blesa, Bárcenas, la muy posible financiación irregular del PP de Madrid. Hoy mismo, ha saltado una noticia bomba: la detención por la Guardia Civil de Ignacio González, anterior presidente de la Comunidad de Madrid. En definitiva: un caos. No hay día en que los españoles nos acostemos sin noticias sobre nuevos episodios de corrupción entre nuestros políticos, principalmente del PP. Algo asqueroso y verdaderamente lamentable.
Sin embargo, de todo lo que hemos vivido recientemente hay lecciones de las que debemos aprender. La principal, a mi juicio, es la importancia de la coherencia en política. Una coherencia de la que ha hecho gala un partido político: Ciudadanos, y un líder: Albert Rivera, que se han mantenido firmes en lo que antes habían dicho por activa y por pasiva durante la campaña electoral y antes de la formación de los gobiernos, tanto del regional en Murcia o en Castilla-León, o Madrid o La Rioja como del Nacional.
También hay que señalar la importancia que tiene una prensa libre o, al menos, unos pocos medios que actúen en algunos casos con independencia con respecto a los que gobiernan. Unos medios y unos periodistas que, a pesar de las opiniones opuestas e interesadas de otros medios, se han mantenido en las posiciones que deberían ser normales en un sistema democrático: La exigencia de que los políticos en ejercicio deben estar libres de cualquier tipo de sospecha de corrupción. Ni más ni menos. Me pregunto: ¿Es tan difícil comprender esto? 
Con estos componentes previos, ha llegado hace unos días el final de la tragicomedia en Murcia: cuando la situación no estaba del todo clara en cuanto a su resultado final, ha venido un empujón de la fortuna -que siempre ayuda a los que la buscan y que, por tanto, han arriesgado: el Juez de la Audiencia Nacional ha decidido imputar al presidente de Murcia con cuatro nuevos cargos de corrupción, ni más ni menos. Unas imputaciones que fueron seguidas inmediatamente por peticiones de dimisión mediante editoriales en los principales medios de comunicación.
La suerte estaba echada. Rajoy se vio en la necesidad de hacerle dimitir. No obstante, se hizo el remolón para negociar lo que él llamaba una salida digna, pero que no ha sido otra cosa que garantizarse el control tanto del partido en Murcia como del gobierno regional a pesar de haber tenido que salir del mismo. Su futuro político ha quedado en manos de la Justicia.
Melilla: un oasis para los populares imputados
Lo ocurrido en Murcia hay que confrontarlo, hay que compararlo, con lo que viene ocurriendo en Melilla desde hace años. Una ciudad en la que también gobierna el partido popular desde hace mucho y en la que gran parte de los dirigentes del mismo así como buena parte de los miembros del gobierno están también imputados en delitos calificados como corrupción, aunque el partido popular minore el calificativo diciendo “que una cosa es meter la pata y otra meter la mano”, rebajando los posibles delitos a la categoría de meros “errores administrativos” y, por tanto, responsabilidad de los técnicos que no asesoraron debidamente. Tuvo tanto éxito inicialmente la suprema canción que hasta se ha convertido en un eslogan del PP nacional para defenderse de los casos de corrupción que le afectan, incluso el referido de Murcia.
Afortunadamente, no toda España es como Melilla. Y es que hay importantes diferencias. En primer lugar, no existe ahora mismo una presión política capaz de hacer doblegar las comprensibles intenciones de permanencia, puesto que la opción que tienen es el paro- de los políticos imputados. Desgraciadamente, mi antiguo partido: Populares en Libertad, en el que estuvimos durante años machacando con la idea de la necesidad y obligatoriedad de que se produjese la dimisión inmediata -como responsabilidad política- de cualquier político que resultase ser imputado judicialmente por acciones u omisiones cometidas en el ejercicio de sus cargos públicos, decidió venderse al Partido Popular y proporcionarle a este el escaño que le faltaba para la mayoría absoluta que acababa de perder.
Populares en Libertad podría haber aportado a su unión con el PP un significativo valor añadido, pero al final este ha sido inexistente puesto que lo que se ha producido ha sido una simple absorción. Las ideas que subyacían en los programas de PPL, que podrían haber generado el revulsivo que requiere Melilla, han quedado devaluadas conforme lo han sido los valores de aquellos que deberían haberlas defendido. Unos principios y convicciones que se han demostrado inexistentes en estas personas y que han llevado los restos de PPL hasta valores negativos, porque eso es lo que ha comprado el PP de Melilla. Todo ello sirve para demostrar, una vez más, que lo que aparece escrito en los papeles no tiene ningún valor si no prevalecen unas personas con la determinación de llevarlos a cabo.
No es extraño que desde entonces los melillenses nos hayamos tragado muchos sapos: el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma ha designado como presidente de la Autoridad Portuaria a un político que está imputado, también procesado y a la espera de sentarse en el banquillo, y no solamente eso sino que, desde hace unos días, es el nuevo Secretario General del PP; por otra parte, la portavoz del PP en la Asamblea también está procesada y con un juicio inminente para celebrarse. Por si fuera poco, el presidente ha designado a su mujer como vice-consejera con dedicación exclusiva y sueldo. Muy normal debe de ser, porque aquí no pasa nada ni se mueve una mosca. ¡Que se le hubiera ocurrido hacer lo mismo a Aznar con Ana Botella o a Zapatero con su mujer, y no digamos si hubiese sido el marido de Susana Díaz!, ¡La que se habría liado!
En el PP nacional se han hartado de repetir, durante la crisis de Murcia, que el umbral para la exigencia de la dimisión estriba en ser procesado por un Juez. Pues bien: en Melilla están esos dos casos flagrantes, junto a otros menores, y no sólo no pasa nada, sino que, además, al primero se le acaba de nombrar para un nuevo puesto político de primer nivel, como aviso a navegantes y a todo tipo de personas capaces de emitir juicios de valor. Melilla is different!
La imprescindible necesidad de una prensa libre
No nos engañemos, lo anterior ocurre en Melilla porque no hay presión de tipo alguno. Los partidos de la oposición hacen lo que pueden: cuando dicen algo sobre el asunto, su mensaje es silenciado o distorsionado por varios medios de comunicación, a veces rozando el esperpento: reproduciendo amplia y previamente las contra-declaraciones de los políticos afectados por los casos de presunta corrupción de forma que antecedan a las declaraciones de los miembros de la oposición, que aparecen resumidas en segundo término. Muy ecuánime, claro.
Además, casualmente, apenas hay opinión emitida en los medios que sea crítica con el gobierno. Es increíble: En diecisiete años en el PP no han tenido que cometer ningún error.
Por todo lo anterior, es necesario, es transcendental, es fundamental, la existencia de -al menos- un medio de comunicación que desempeñe sus funciones fuera de la órbita de la manipulación interesada, regada con generoso dinero público, del gobierno del PP en Melilla. Y es que en esta ciudad llega a ser normal y generalmente aceptado lo que en cualquier otro sitio de España sería imposible.
En Melilla, a excepción de algunas líneas en este mismo periódico y las redes sociales, no existe ningún otro elemento de expresión de las voces críticas, que siempre son sanas en una democracia y que, por consiguiente, deberían ser siempre bienvenidas. Tenemos que reflexionar seriamente. Necesitamos – seguimos necesitando – una prensa libre, una necesidad para la que este periódico -La Luz- ha prestado un servicio impagable a Melilla. Un servicio que ojalá pudiera seguir prestándose, porque esta ciudad verdaderamente lo sigue necesitando.
El periódico La Luz y la TV y la radio de Cablemel, ocupan un lugar de privilegio entre los medios en Melilla, que se han ganado en base a su esfuerzo, tanto el de sus periodistas como el de sus colaboradores y principalmente el de sus propietarios, que son los que han facilitado los recursos y han asumido los riesgos para que esto pueda haber ocurrido durante más de ocho años. Pensémoslo: Para todos ellos habría sido más fácil subirse al carro del poder, que cuenta con ingentes cantidades de dinero ajeno para manejar a su antojo, antes que luchar contra el mismo.
Quiero aprovechar estas líneas para agradecerles a todos ellos su esfuerzo y su lucha por Melilla y los melillenses. Una lucha que, como muchas otras, no está pagada ni agradecida en muchos casos, pero no por ello ha sido -y sigue siendo- menos necesaria, como hemos visto. A veces, la vida nos pone frente a estas tesituras: la necesidad de defender algo contra nuestros propios intereses, pero todo sea por defender nuestros principios y convicciones más profundas.
Muchas gracias a Gustavo Cabanillas y a todo su equipo de periodistas y colaboradores. Mucho ánimo a todos los miembros del periódico La Luz y de la Televisión Cablemel: Habéis trabajado de manera fabulosa durante todos estos años. Espero y deseo que sigáis estando ahí, como una referencia y un lugar al que agarrarse cuando nos acechen las tinieblas de la oscuridad del incierto futuro que se dibuja en el horizonte.

Melilla: el Gran Hermano o una de las últimas Dictaduras

El 28 de Junio de 2006, D. José María Antón, en su faceta como director de la compañía de teatro Concord -que es inseparable a su oficio de catedrático de literatura- durante su intervención en un acto público ante un auditorio formado en buena parte por cargos del gobierno de Melilla y del partido popular en el poder, amén de los consabidos acompañantes, pronunció una frase para la posteridad, al menos de esta pequeña ciudad española: “en el mundo quedan tres dictaduras: Corea del Norte, Cuba…y Melilla”.

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Melilla: una ciudad ante su encrucijada

Una ciudad en crisis

Melilla se enfrenta a uno de los momentos más cruciales de su historia. Momentos amargos y, a su vez, críticos. Nos encontramos en franca decadencia. Las cifras de paro y de pobreza nunca han alcanzado los niveles actuales. La persistente caída de la actividad económica privada viene siendo una constante en los últimos trece años, desde antes incluso del inicio de la crisis económica generalizada. Las perspectivas de futuro son mínimas para una buena parte de la población melillense.

Han empeorado problemas antiguos de marginación, desarraigo y reticencia a la integración de grupos numerosos de personas. Las oleadas inmigratorias, que podrían alcanzar la característica de descontroladas según como sea la voluntad política de Marruecos, podrían constituir una amenaza a la mera supervivencia de la ciudad. Ha surgido una nueva forma de inmigración procedente del entorno marroquí: la de menores no acompañados que sospechosamente son abandonados en el interior de Melilla para que la Ciudad Autónoma se responsabilice de su tutela obligatoria hasta que alcancen la mayoría de edad, con todo lo que esto implica de cara al futuro no muy lejano. La inseguridad ciudadana es un sentimiento que va calando en la ciudadanía, mientras se han venido multiplicando los sucesos de robos, tentativas de los mismos, altercados y accidentes de todo tipo. Y ha aparecido, además, un peligroso caldo de cultivo: el yihadismo que, si bien no es aún muy numeroso, está creciendo en sus manifestaciones.

Son unos momentos amargos, porque nunca han coincidido tantos y tan variados problemas, y nunca se ha producido una evolución tan desfavorable de los indicadores económicos y sociales que sirven para definir el bienestar o, en este caso, el malestar de una sociedad en términos medios; y son también críticos, porque la capacidad de reacción frente a los anteriores y la forma de hacerlo marcará, sin duda alguna, el devenir a medio y largo plazo de esta ciudad en función de nuestra capacidad para escalar el pozo en el que estamos sumidos y volver a alcanzar el camino de la prosperidad que tenemos derecho a conseguir a base de trabajo y buen hacer, como españoles y ciudadanos libres que somos; o, por contra, hundirnos definitivamente en el abismo, por mucho que se pretenda suavizar la desgraciada realidad actual utilizando los presupuestos generales del estado, o las acciones propagandísticas de tipo triunfalista.

El futuro de Melilla

Tenemos muchos frentes que atender y muchos problemas que enfrentar y para eso haría falta un liderazgo renovado. Haría falta hablar de todo y generar un nuevo contrato social entre los melillenses dispuestos a luchar por su tierra, y que indiscutiblemente se sintiesen españoles por encima de cualquier otra consideración y cualquiera que sea su procedencia. Tendríamos que perdonarnos muchas cosas entre nosotros y solucionar conjuntamente otras muchas más, y hacerlo más desde la cooperación leal en lugar que desde el engaño.

En mi opinión, en el año 2017 todavía estaríamos a tiempo de corregir el rumbo de las cosas, pero estamos llegando al punto de no retorno. Más allá está el precipicio, aunque muchos aún no acierten a adivinarlo o, aunque lo adivinen, a ellos les traiga al pairo mientras anden calentitos, aplicándose lo del dicho popular: “…y el que venga detrás, que arree”.

Sé de la importancia estratégica que Melilla tiene para España. Pero considero que el futuro de Melilla como ciudad española no debe sujetarse con alfileres y por los pelos, sino que Melilla debe sustentarse en bases sólidas; y la mayor solidez la proporcionará una economía próspera, capaz de generar puestos de trabajo y oportunidades para todos aquellos que deseen aprovecharlas.

Considero que España cometería un gran error, por precaución ante el reino vecino principalmente, en seguir apostando por una estabilidad ficticia caracterizada por esconder los problemas debajo de la alfombra, mientras se aportan ingentes cantidades de dinero a cambio de continuar tapándose los ojos con los “errores administrativos” de los gestores políticos.

Creo que habría que reinventar Melilla. Deberíamos romper las tendencias históricas que condenan a nuestra ciudad a la mediocridad, la debilidad cada vez mayor y la inviabilidad económica y social a largo plazo. Pero para eso nos harían falta dirigentes políticos que, al menos, tuviesen una visión de la Melilla que ambicionan para el futuro; y una organización política detrás que fuese capaz de nutrir de colaboradores políticos solventes y honrados a tales líderes, de forma que asegurasen un cumplimiento eficaz y eficiente de la misión que les encomendaríamos: llevarnos a una Melilla que siguiera siendo española, y que, a su vez, fuese viable a medio y largo plazo.

Todo ello, por supuesto, dentro del marco estrecho de unos principios y valores irrenunciables –obvios, aunque no por ello comunes-, principalmente con tres requisitos: patriotismo bien entendido, honestidad a prueba de bombas y generosidad política con aquellos que pudiesen pensar de forma diferente. Todo lo demás podría conseguirse. Sería cuestión de personas y de un pueblo que supiese elegir; y esperemos que sepa hacerlo bien, porque se trata de nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de nuestra ciudad.

Rajoy ante el desafío independentista de los nacionalistas catalanes

España, marzo de 2017. El Parlamento de Cataluña prepara un sistema para la puesta en marcha de la Ley de desconexión con España, como paso previo a la declaración de independencia de Cataluña. Se trata de un paso más en dirección al precipicio de la traición y la ruptura, al que unos dirigentes irresponsables están llevando a los catalanes – a los que dicen deberse – y a todos los españoles.

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La corrupción tiene premio en la España actual

Durante los dos primeros meses de 2017, los españoles hemos presenciado una condena al ex vice-presidente económico del Gobierno del PP de Aznar, Rodrigo Rato, que ha sido debida a las tarjetas “black” de Caja Madrid, cuyo uso posibilitó, aprobó, encubrió e instigó entre los Consejeros de la entidad crediticia, los cuales tenían el derecho a usar, a modo de dinero caído del cielo o de pólvora del rey, sin repercusión fiscal y con opacidad absoluta, tales tarjetas para adquirir bienes, servicios e incluso sacar dinero de los cajeros, como hacía el propio Rato. Da vergüenza ajena solamente enterarse de lo acontecido y del uso fraudulento del dinero de los demás.

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Centrémonos en los mejores: Son los que pueden ayudar a cambiar el mundo

Siempre he pensado que los gobernantes, independientemente de la magnitud e importancia de los gobiernos que han conseguido encabezar, sean estos de naciones, regiones, provincias o ciudades; y ya sean de las más grandes y poderosas, o de las más pequeñas y debilitadas, todos deben ser capaces de ofrecer a la sociedad -principalmente a la propia, pero también a la población ajena-, además de lo fundamental – que es un buen gobierno-, una forma de conducirse ellos mismos que ayude a educar a las personas que componen la población en general y, en definitiva, a las sociedades de los que estos forman parte.

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Reactivar un blog (reedición)

Llevo tiempo sin escribir en este medio. Casi un (dos) año (s). Es hora de reactivarlo porque es una buena forma de comunicación que, además, puede complementarse con su difusión por otros medios, concretamente Facebook y Twitter. (más…)

Un pacto ¿bueno o malo?

En muchas ocasiones, parece que la vida política española es muy compleja. Tan compleja que solo pueden comprenderla los políticos y los comentaristas políticos avezados y nunca el común de los mortales, ese sujeto indeterminado: el pueblo español, al que teóricamente iría dirigida cualquier acción política y que pagará, en todo caso, tanto los aciertos como los fracasos que se hacen siempre  en su nombre y por su interés, también teóricamente. (más…)

La nefasta política de empleo de Imbroda en Melilla

Voy a poner algunos ejemplos de lo que debe hacer un gobierno si quiere que el paro de su ciudad se dispare, y supere el 35%: (más…)

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Hay que reconocer que el @PSOE ha sacado un 10 en democracia interna, transparencia del proceso e igualdad de oportunidades para candidatos
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A ver si las nuevas medidas contra la corrupción consisten en ascender, en lugar de cesar, a jueces comprometidos para quitarlos del caso
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