Casualidades diversas que han llevado a una inesperada resolución inicial

Dicen que las casualidades no existen, o tal vez sí. Es cuestión de opiniones y de gustos.

Vayamos con una de ellas:

El día 27 de abril de 2018 -viernes- la representación de la Ciudad Autónoma de Melilla personada en el pleito generalmente conocido como «campo de golf de Melilla»; o también como «fraude de las tasas del campo de golf», presentó un escrito en el juzgado mediante el que se oponía a un recurso presentado por los abogados de los «investigados» en el caso, que ya por aquel entonces pedían su absolución.

En el recurso, la Ciudad Autónoma de Melilla decía, textualmente:

«…mediante actuaciones diversas no contempladas en la Ordenanza fiscal correspondiente y que supusieron una merma de la tasa municipal, el dinero que se ingresó fue sensiblemente menor del debido. La Ciudad Autónoma de Melilla detectó que debería haberse ingresado 217.932,48 euros, por lo que había una desviación de 111.641,25 euros, tal como consta en los autos (Orden 954, de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes de 27 de marzo de 2015).
Posteriormente, el perito judicial ha determinado que la cantidad que debería haber ingresado el Club Campo de Golf a la Ciudad Autónoma de Melilla, conforme a la Ordenanza Fiscal ascendería a 325.757,60 euros si el cálculo de las tasas a ingresar se realiza en el mes que se usan los greenfees, y a 237.980,05 euros si se contabiliza la tasa en el mes que se produce su pago, por lo que el Club debería ingresar la cantidad de 219.466,37 euros o de 131.688,82 euros, respectivamente, a la Ciudad Autónoma de Melilla».

Ese recurso fue trasladado ese mismo viernes a las partes, justo cuando íbamos a entrar en un prolongado «puente» festivo por el primero de mayo, que se celebraba el martes siguiente día 1 de mayo.

Pues casualmente, por supuesto, el siguiente jueves, día 3 de mayo, fue convocado un Consejo de Gobierno extraordinario – y tanto, porque se celebran usualmente los viernes.

En esa extraordinaria reunión, en la que se estudiaron algunos asuntos que podrían haber esperado hasta el día ordinario -viernes- o hasta la semana siguiente, sirviò para introducir una propuesta del consejero de educación y deportes que textualmente decía:

«MODIFICACIÓN ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 18/09/15, EN RELACIÓN CON EL CAMPO DE GOLF.-

El Consejo de Gobierno a la vista de las actuaciones practicadas por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, y en pro de garantizar los legítimos derechos e intereses de la Ciudad, amparados por los principios de legalidad, objetividad y proporcionalidad, de la acción pública de la Administración Local, verificada la existencia de P.A. nº 927/2014 que se sustancia en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de Melilla, dirigido contra el Club Campo de Golf Ciudad de Melilla derivado del impago de tasas por diferentes conceptos entre los años 2010 y 2014, por importe de 111.641,25€, más los intereses que procedan en su caso, acuerda circunscribir la actuación procesal de la Ciudad que se encuentra en curso al ámbito de la reclamación civil, desistiendo de actuaciones de orden penal, que fueron acordadas en sesión de 18/09/2015, considerando esta actuación la más acorde a los principios citados y porque se garantiza el superior interés de la Ciudad en orden a asegurar el reintegro de la cantidad citada, a la par que resulta plenamente compatible a los intereses postulados por el Ministerio Fiscal».

En resumen:

La Ciudad Autónoma de Melilla se estaba retirando de la acusación penal, con lo cual iba a ir contra sus propios actos de años anteriores, cuando se había personado en este proceso judicial, parece ahora que solo para aparentar la defensa del dinero público; y también del escrito referido de tan solo cinco días antes y, por tanto, decidía:

Renunciar a seguir actuando judicialmente contra los investigados, a pesar de que los propios servicios de la Ciudad Autónoma de Melilla habían dictaminado un fraude mínimo de 111.641,25 euros, que el perito judicial elevó después a un máximo de 219.466,37 euros. Es decir, en vez de defender con todos los medios el dinero de los melillenses, acordó, de manera extraordinaria y urgente, algo bastante diferente.
La Ciudad Autónoma de Melilla se iba a conformar, a partir de entonces, con la acción civil para que los deudores investigados -el Sr. Bohórquez y su club privado- le pagasen la menor de las cantidades descritas, es decir: los 111.641,25 euros más los intereses de demora que exige la Ley.

Me surgen las siguientes cuestiones:

¿Qué pasó realmente durante el puente del primero de mayo de 2018?,
¿Por qué el Consejo de Gobierno de Melilla, es decir: Imbroda, vio súbitamente la luz durante los días de asueto y cambió radicalmente su postura: de la personación activa y la denuncia a la retirada vergonzante?,
¿Recibió amenazas del editor de un periódico o, peor aún, se dejó intimidar por ellas?,
¿Por qué no asistió al consejo de gobierno la Vice-presidente 2ª, Paz Velázquez, la cual estuvo relacionada políticamente con la denuncia inicial?,
¿Tuvo tal ausencia algo que ver con el hecho de que cuando pactaron PP y PPL estos últimos se comprometieron ante lo que quedaba de militancia que nunca permitirían que se quitasen las denuncias por corrupción?

Un inesperado sobreseimiento de la Audiencia Provincial

Considerando lo anterior, no es extraño que meses más tarde de estos hechos casuales, claro, la Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla acaba de decidir el sobreseimiento provisional del escandaloso caso, obviando, por un lado, a las acusaciones particulares – las de unos particulares que, efectivamente, aparentemente hemos sido los únicos en defender el dinero público, el interés público-; por otro lado, la investigación de la policía judicial, cuyo informe había advertido sobre la presunta comisión de numerosos delitos, y también olvidándose del informe muy aclaratorio del perito judicial, un auditor censor jurado de cuentas, que, como hemos dicho, elevó la cuantía del fraude detectado por los servicios municipales y lo describió con detalle.

Antes de esta casualidad, hubo otras: el traslado del mando de la policía judicial -de la UCO de la Guardia Civil- que se había encargado de este asunto y de otros más que afectaban, también casualmente, a la más que presunta corrupción del Gobierno de Imbroda; y también la política de traslados y nombramientos en la justicia, esta vez con minúsculas.

Casualmente, por supuesto, hay que decir que el gobierno de Rajoy tendría que estar tan implicado con la Justicia como lo debería estar el de Imbroda. Ambos lucharon contra la corrupción con el mismo denuedo.

Y es que, como decía mi abuela: ¡Para Justicia, la Divina! Esta llegará, sin duda, en su momento, pero aún tendremos que esperar porque todavía no ha podido conseguirse.

Mientras tanto, nos preguntaremos:

¿Ha ingresado el dinero el susodicho individuo o su club -los 111.641,25 euros más los intereses de demora- en las arcas de la Ciudad?
Por cierto, ¿Cuándo va a pagarlo?,
¿Exigir ese importe es defender los intereses de los melillenses; o defender tales intereses es mirar para otro lado?,
¿Se está intentando posibilitar la prescripción de los derechos de cobro?,

Me temo que no vamos a saber las respuestas, al menos hasta que haya gente en el Ayuntamiento a la que no le importe la posibilidad de recibir una crítica o un ataque por parte de un pluri-condenado, incorregible y fatuo editor jubilado.

Sobreseimiento e inocencia no son sinónimos

Por otra parte, este individuo está vendiendo ahora que era totalmente inocente, que ha sido objeto de un complot político y que es el más honrado de los mortales.

Nada más lejos de la realidad. Como dice textualmente el Auto que él mismo ha publicado, aunque solo parcialmente, en su panfleto auto-propagandístico:

«El Juez de instrucción considera que los hechos punibles relatados constituyen un delito continuado de malversación de caudales públicos del artículo 435 del Código Penal. Dado que dicho precepto no contempla modalidad comisiva alguna sino que expresa en qué casos se extiende la responsabilidad penal a particulares, es de rigor deducir que nos encontramos ante la imputación de la conducta del artículo 432 del citado Código.»

Y también dice el Auto que: «…La respuesta a la interrogante de la subsunción de los hechos en la norma penal la encontramos en los términos de los propios Convenios celebrados entre el Club y la ciudad autónoma de Melilla pues en ellos se habla del encargo de la “gestión” del campo de golf, tarea que conllevaba el cobro de la tasa. Esto es, la conducta reprochable formaría parte de la gestión encomendada y, lejos de haberse producido un aprovechamiento particular susceptible de ser considerado ánimo de lucro, habría habido un perjuicio al patrimonio de la Administración pública, representado por la ciudad de Melilla.

Estaríamos, por tanto, ante un delito de administración desleal del art. 252 Código Penal que, por afectar a caudales públicos, haber sido realizado por personas que tenían a su cargo la gestión de cobro de los mismos y haberse provocado un perjuicio para la ciudad de Melilla, sería considerado malversación de caudales públicos. Sin embargo, dado que la nueva redacción del artículo 432 del Código Penal no es aplicable en este caso por razón del tiempo en que los hechos sucedieron, no cabe sino colegir que la conducta no es perseguible».

O sea: que de inocente nada de nada. Así que aprended a leer, que ya tenéis años.

Un merecido homenaje

Por último, quiero aprovechar estas líneas para rendir un homenaje a las personas que iniciaron esta denuncia.

Me refiero, por un lado, al Dr. Joaquín Martínez, que fue el denunciante ante la Consejería de Deportes de la CAM de las tropelías de Bohórquez y de su Club de Golf en la gestión del campo público de Golf, que debería ser de todos los melillenses y no de él. Gracias, Joaquín, porque solo personas como tú, que se atreven a denunciar lo que es injusto, hacen que mejore esta sociedad, aunque a paso de tortuga, todo sea dicho.

En segundo lugar, al insigne periodista Juanjo Medina Roldán, que fue quien llevó posteriormente el caso ante la Justicia, desgraciadamente unos días antes de su fallecimiento. Gracias, Juanjo, por tu esfuerzo, por muchas más cosas, pero también por esta denuncia en particular y, aunque alguien pueda creer ahora que no mereció la pena, tarde o temprano les demostraremos que estaban equivocados. Un abrazo a tu familia: a tu mujer, hijos, padres, hermanos, familiares y amigos.

En mi caso, tengo que aclarar que no estuve inicialmente personado en esta causa, y que solamente decidí hacerlo tras el fallecimiento de Juanjo, porque me comprometí a evitar que pudiera decaer y, por tanto, para asegurar que siguiese hasta el final.

Precisamente por ello, mi abogada acaba de presentar, en mi representación, una petición de aclaración a la Audiencia sobre los demás delitos de los que se acusaba a este «prenda». Espero y deseo que entre todos hagamos Justicia, esta vez con mayúsculas, como dice Imbroda, pero para todos y no solo para sus intereses. A ver si somos capaces de conseguir que la Justicia sobre algunos temas tabú reaccione y pueda atravesar, de una vez por todas, el estrecho de Gibraltar.