La democracia es ampliamente considerada como el sistema de gobierno más deseable y efectivo en la actualidad. Su base en la participación ciudadana, la protección de los derechos individuales y la rendición de cuentas de los gobernantes la convierten en una forma de gobierno que busca el bienestar colectivo. Sin embargo, para que un sistema democrático funcione eficazmente, es fundamental contar con instituciones fuertes e independientes que salvaguarden los principios y valores democráticos. Estas instituciones son el sostén de la democracia y aseguran la estabilidad, la justicia y la transparencia en el ejercicio del poder.

Las instituciones fuertes son aquellas que cuentan con los recursos, la autoridad y la capacidad para llevar a cabo sus funciones de manera eficiente y efectiva. Son fundamentales para garantizar la separación de poderes y el equilibrio entre ellos. Por ejemplo, en un sistema democrático, el poder ejecutivo, legislativo y judicial deben operar de forma independiente y equilibrada. Una institución fuerte no puede ser influenciada o controlada por intereses particulares, y debe actuar en beneficio de la sociedad en su conjunto.

La independencia es otro aspecto clave de las instituciones democráticas. La independencia implica que las instituciones no están sujetas a influencias externas indebidas, ya sean políticas, económicas o de cualquier otra índole. Esto garantiza que las decisiones tomadas por estas instituciones sean imparciales y se basen en el respeto al Estado de derecho y los derechos fundamentales. La independencia también asegura que los funcionarios de las instituciones no estén sometidos a presiones indebidas y puedan tomar decisiones con integridad y sin temor a represalias.

Una de las instituciones más importantes en un sistema democrático es el poder judicial. Un poder judicial independiente y fuerte es esencial para garantizar la igualdad ante la ley y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los tribunales deben poder actuar sin interferencias políticas o económicas y aplicar la ley de manera justa e imparcial. La existencia de un poder judicial independiente brinda confianza a los ciudadanos de que se les otorgará justicia y protección en caso de violaciones de sus derechos.

Además del poder judicial, otras instituciones que desempeñan un papel crucial en una democracia incluyen los órganos electorales, los organismos de control y supervisión, las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación. Estas instituciones deben ser capaces de actuar sin injerencias indebidas y deben estar comprometidas con los principios democráticos y el interés público. Por ejemplo, los órganos electorales deben ser imparciales y garantizar elecciones libres y justas, mientras que los medios de comunicación deben tener la libertad de informar y cuestionar a las autoridades sin restricciones.

Acabamos de verlo con nuestros propios ojos en Melilla. Ante las señales inequívocas de que iba a producirse un  fraude electoral masivo con el voto por correo, la Junta Electoral de Melilla, compuesta principalmente por Jueces en ejercicio, ha decidido actuar y no permanecer impasible como en anteriores ocasiones, y mediante una actuación decidida, que luego ha sido compartida y ampliada por la Junta Electoral Central, han conseguido dificultar, frenar y obstaculizar al máximo posible este nuevo intento fraudulento y corrupto. Queda pendiente aún que otras instituciones, también fuertes e independientes, como la Guardia Civil y la Policía Nacional, detengan a los culpables y beneficiarios instigadores y los pongan en manos de la Justicia, para que pueda aplicárseles un castigo ejemplarizante que quite las ganas a muchos de persistir en tal intento en el futuro.

Cuando las instituciones son fuertes e independientes, se crea un sistema de contrapesos y equilibrios que limita el poder y evita abusos. Esto garantiza que los gobernantes sean responsables de sus acciones y que se les exija transparencia en la toma de decisiones y la administración de los recursos públicos. Una sociedad que cuenta con instituciones fuertes e independientes también es más resistente a la corrupción y a la captura del Estado por parte de intereses particulares y partidistas, porque los políticos que componen una lista electoral pueden ganar unas elecciones y acceder al gobierno de que se trate, pero eso no les hace dueños de la institución, que tiene que tener sus contrapesos y medidas que imposibiliten cualquier actuación inadecuada. Para ello, estas instituciones deben estar dirigidas por personas independientes nombradas en base a su mérito y capacidad, huyendo de comisarios políticos y nombramientos directos de adláteres de los partidos en el poder. Además, deben gozar de un estatuto duradero en garantía de la pervivencia del Estado, y que requiera, para su modificación, de una amplia mayoría, al objeto de impedir aventuras totalitarias y ocurrencias por parte de aquellos que puedan detentar el poder aunque sea transitoriamente.

Por el contrario, la falta de instituciones fuertes e independientes puede llevar a la concentración de poder, la violación de los derechos humanos, la corrupción y la inestabilidad política. Si las instituciones son débiles o están controladas por intereses particulares o partidistas, es probable que se erosionen los principios y valores democráticos, y se abra la puerta a abusos y arbitrariedades. Esto lo hemos visto y lo seguiremos viendo, aunque con cada vez más dificultad, hasta que la sociedad española en su conjunto logre evitar la comisión de tropelías de cualquier tipo.

Un ejemplo claro de la importancia de las instituciones fuertes e independientes se puede observar en los países donde existe una grave crisis institucional. Estas naciones a menudo sufren de inestabilidad política, falta de confianza ciudadana en las instituciones y un deterioro general de la calidad de vida. Por el contrario, los países que han logrado construir instituciones sólidas y autónomas han experimentado un mayor desarrollo socioeconómico, una mayor estabilidad política y una mayor satisfacción ciudadana.

La Justicia, la Fiscalía General del Estado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ejército, la Intervención General de las Instituciones Públicas, los funcionarios en general, el Tribunal de Cuentas, las Comisiones Nacionales de Mercados y la Competencia y del Mercado de Valores, el Banco de España, el Instituto Nacional de Estadística, la Agencia y la Inspección Tributaria y la de Trabajo, etc, etc. Estas instituciones no pueden – no deben – estar sujetas a intereses partidistas ni particulares, porque deben constituir un bastión para evitar la apropiación indebida de las instituciones del Estado, el deterioro de la democracia y para alejar cualquier tipo de actuaciones inapropiadas.

En resumen, las instituciones fuertes e independientes son fundamentales para el funcionamiento eficaz de un sistema democrático. Estas instituciones garantizan la separación de poderes, la protección de los derechos fundamentales, la rendición de cuentas y la transparencia. Cuando las instituciones son débiles o están sujetas a influencias e injerencias indebidas, la democracia se ve amenazada y pueden surgir abusos y corrupción. Por lo tanto, es responsabilidad de los ciudadanos y los gobernantes asegurar que las instituciones sean fortalecidas y protegidas, para así preservar y promover los valores democráticos en beneficio de toda la sociedad.