Contratos públicos, contratistas, empresarios y cambio político en Melilla

Según la procedencia principal de sus ingresos, los empresarios -incluyendo a los trabajadores autónomos- pueden dividirse en dos grandes grupos: por un lado, los que obtienen sus ingresos directamente en el mercado y que, por tanto, se mueven constantemente en situaciones de incertidumbre, ya que dependen de la demanda y principalmente de los cambiantes gustos y preferencias de los consumidores, que emiten periódicamente sus votos en la forma de decisiones de compra o no; por otro lado, aquellos que perciben mayoritariamente sus ingresos del sector público, bien sea en forma de contratos, subvenciones, concesiones u otras.

En pocos sitios como Melilla puede ser más acentuada la diferencia entre ambos grupos. Las características de la ciudad: 85.000 habitantes, 13 km2, un sector público que tiende al 50% del valor del PIB y que copa más de la mitad del empleo total, hacen muy visibles las diferencias. Mientras unos, los expuestos al mercado, están soportando como pueden una crisis económica galopante, sin precedentes en la ciudad, en parte propiciada por malas decisiones políticas y económicas, otros no tienen  que convivir con ella sino centrarse, exclusivamente, en obtener de nuevo sus contratos, subvenciones, concesiones u otras cuando, por imperativo legal, deban salir de nuevo a convocatoria, y eso en el caso de que lo hagan.

Hace años escribí un artículo sobre este asunto y básicamente sigo pensando lo mismo.

En Melilla, la contratación pública directa instrumentada por ambas administraciones públicas: local y central, puede estimarse en un 25% del PIB de Melilla. Si a la anterior le añadimos la indirecta, a través de todo tipo de organismos y sociedades públicas; y la inducida, que es la que, a su vez, es implementada por los particulares, asociaciones y empresas que reciben subvenciones, finalistas o no, de las administraciones públicas, la participación tendería de nuevo a la mitad del valor total de la producción en Melilla.

De aquí la importancia, la especial trascendencia y la imperiosa necesidad de Justicia para que pueda existir un buen sistema de contratación pública en Melilla. Un sistema que sea por supuesto legal, pero que también pueda llegar a ser dinámico, eficiente, justo y, por encima de todo, no arbitrario y limpio de corrupción. Esta última puede minimizarse -como reconocen los entendidos en la materia y la propia institución de Transparencia Internacional- pero es casi imposible eliminarla por completo porque muchas de las conductas que la propician se encuentran enraizadas en nuestra sociedad y en las instituciones.  

Es crucial impedir que puedan reproducirse situaciones como las que hemos conocido hace unos días sobre contrataciones de la autoridad portuaria de Melilla, o las que, aglutinadas en los conocidos casos «Ópera»«Tosca», fueron en principio investigadas por la policía judicial y luego han sido abandonadas, posibilitando una sorprendente prescripción de algunos más que presuntos delitos.

Esas situaciones no deben repetirse y deben garantizarse procesos y procedimientos que impidan la corrupción en todo tipo de contrataciones y también en los contratos menores, en los que, a pesar de que se han iniciado cambios, queda mucho por hacer, al igual que en todos los demás. Los procedimientos son muy importantes pero más aún son las personas que los llevan a cabo. Lo fundamental no es su nivel de inteligencia, aunque también. Lo verdaderamente crucial es su voluntad decidida e inequívoca de llevar adelante el cambio y de superar cualquier resistencia al mismo. 

Estoy convencido de que, precisamente, la mayor resistencia a cualquier cambio para mejorarlo provendría de los mayores beneficiarios del actual sistema de contratación. Como es lógico, no querrán que nada cambie, puesto que les va muy bien, pero si algo lo hiciese, su segunda prioridad sería que van a tratar de evitar que les pudiera perjudicar al precio que sea, incluso mediante tácticas despreciables de fake news disparatadas.

Lo peor de todo es que, si no se produce ningún cambio, los perjudicados vamos a ser todos y no unos pocos. En mi opinión, nadie debería tratar de perjudicar deliberadamente a tales contratistas sino intentar que consigan, a partir de ahora y siempre, sus contratos y demás de una forma legal, rigurosa, limpia y Justa. En caso contrario, el cambio se quedará solo en los nombres, porque los que se llevan el mejor trozo de la tarta seguirán siendo los mismos. Estos no se tienen que presentar a las elecciones porque siempre ganan.

One thought on “Contratos públicos, contratistas, empresarios y cambio político en Melilla
DANTE

Hay que limpiar mucho.
¿habrá capacidad en el nuevo gobierno para esto?

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