En las últimas semanas, los melillenses nos estamos familiarizando con unos términos que ponen de manifiesto las cloacas y la pobredumbre en que el Gobierno de Imbroda ha convertido la ciudad autónoma de Melilla, que dura ya 15 años, y que sirven para describir las prácticas presumiblemente corruptas de un gobierno demasiado largo en el tiempo, y de unos gobernantes escasos de rigor y, en muchos casos, de la más mínima ética.
Me refiero a las Operaciones y casos como los denominados “Ópera”, “Tosca”, “Campo de Golf”, “Abogados” con la imputación del mismo Imbroda por el Tribunal Supremo, los «Libros de Simi», fraudes en las compatibilidades, los convenios publicitarios con los medios de comunicación, el cambio de titularidad y los pagos realizados a la empresa de recaudación, etc, etc.
El resultado de los anteriores es que 67 personas han sido imputadas, entre las que destacan 8 de los 11 miembros del Consejo de Gobierno, incluido su Presidente; 4 viceconsejeros imputados, a los que hay que añadir las imputaciones del Interventor General, Secretario General, 11 Directores Generales, otros tantos Secretarios Técnicos de Consejerías, algunos funcionarios técnicos y un grupo de ciudadanos privados, principalmente empresarios o beneficiarios de dinero público, en cualquiera de sus formas.
La Justicia acusa a los imputados de la comisión de presuntos delitos de prevaricación administrativa, cohecho, fraude, exacción ilegal, blanqueo de capitales, falsedad documental y malversación de caudales públicos. Como puede observarse, no se trata de banalidades, ni tampoco de simples «errores administrativos». Todo esto es mucho más grave de lo que parece y es descriptivo de la situación de desgobierno que padecemos.
Efectivamente, más de uno podría pensar que no es tan grave, sobre todo cuando el presidente Imbroda y su gobierno pretenden dar, con la complicidad de algunos de los medios que son beneficiarios de los millonarios convenios de publicidad institucional, una sensación de normalidad aún cuando nos movemos en una situación anormal de extrema gravedad.
Y así, han intentado extender, en primer lugar, la teoría de la conspiración, mediante la cual unos funcionarios públicos: jueces, fiscales, policía judicial y algunos funcionarios locales han sido influidos por un partido político: Populares en Libertad, para que tergiversen la realidad, que no sería otra que el «oasis de paz y estabilidad de la Melilla de Imbroda». Esta teoría es falsa y constituye una falacia en su composición, porque ¿Quien puede creerse que un pequeño grupo de melillenses, apenas sin medios, podría haber influido en el Fiscal de Tribunal Supremo, en el Tribunal Supremo mismo, en los Jueces y Fiscales de Melilla o en la prestigiosa UCO de la Guardia Civil?
Luego, aceptando una mínima culpa, empezaron a extender otra segunda teoría, la de los «errores administrativos». El juego es diabólico: pretende exculpar a los responsables políticos últimos, que son los miembros del Gobierno del PP de Imbroda en Melilla, señalando a los funcionarios técnicos quienes, según esta teoría, no habrían cumplido su misión de garantizar el cumplimiento de la Ley. El dilema se ha resuelto: entre aceptar valientemente las responsabilidades políticas o culpar a sus colaboradores y subordinados más inmediatos para salvarse ellos, han elegido la segunda. No obstante, para salvar la cara, intentan responsabilizar de ello a los denunciantes y a todo el que pase por delante. En definitiva: que mienten más que hablan.
Desde Populares en Libertad, hace ya un mes que le hemos pedido al Sr. Rajoy, Presidente del Gobierno de España y del PP, la disolución por Real Decreto de la Asamblea de Melilla y la creación de una Comisión Gestora que lleve los intereses del pueblo de Melilla hasta la celebración de las próximas elecciones locales en Mayo de este año. Este señor ni siquiera se ha dignado a contestarnos aún y, es más, a los pocos días ha realizado un movimiento suicida para los intereses del PP en Melilla: ha confirmado a Imbroda como candidato a las próximas elecciones. Por este motivo, ha puesto, una vez más, sus intereses políticos por encima de los de la Nación, los de Melilla y los melillenses. Ha demostrado, de nuevo, su incoherencia y su escasez de principios y convicciones y, en definitiva, ha probado su amoralidad en un caso de la gravedad del que hablamos. Ni siquiera ha obligado a Imbroda, como presidente del PP, a que se someta a una cuestión de confianza en la Asamblea de Melilla, que sería lo mínimo democráticamente admisible en una situación como la que vivimos.
En mi opinión, hoy, más que nunca, los melillenses comprenden las razones por las que un numeroso grupo de personas abandonamos, hace ya cuatro años, el Partido Popular del Sr. Imbroda en Melilla y nos unimos al proyecto de Populares en Libertad, que acababa de poner en marcha el ex-Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla con el Partido Popular, Ignacio Velázquez. Precisamente, las raíces de Populares en Libertad son la reacción ante las prácticas corruptas que intuíamos, y también como reacción ante una forma de Gobierno que está hundiendo a nuestra ciudad en la peor de las miserias, dejando a un lado la situación económica y social, que está compuesta por la percepción de una corrupción generalizada en la institución que es de todos nosotros, la pobredumbre y la existencia de un gobierno para defender principalmente sus propios intereses personales y particulares, en lugar de los intereses generales de todos los melillenses.
Desde Populares en Libertad nos levantamos contra los síntomas evidentes de corrupción en el Gobierno de Imbroda. Durante un tiempo estuvimos solos, y nos sentimos acompañados por pocas personas y grupos, entre las que hay que destacar, por encima de todas, al tristemente desaparecido periodista Juanjo Medina y al Diputado socialista Dionisio Muñoz. Hoy en día, el tiempo y la actividad judicial y policial han probado que teníamos la razón. Es la hora de la verdad. Ha llegado la hora de que los melillenses seamos dueños de nuestro destino: Ha llegado la hora de Populares en Libertad.
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