La bajada del IPSI y la solidaridad (1ª parte)

Vivimos en un mundo cuya característica principal es la interdependencia. A menos que uno sea como Robinson Crusoe y viva en una isla desierta, todos dependemos de los demás de una forma u otra. Esto es cierto para todas las facetas de la vida, y no digamos en cuanto a las relaciones económicas.

En este sentido, el empresario depende de que existan clientes que le compren sus productos; el trabajador depende de que existan empresas, las cuales, para producir y vender sus productos, necesitan trabajadores para realizar tales tareas a cambio de un sueldo; el gobernante necesita que existan trabajadores a los que cobrar todo tipo de impuestos y también empresas que vendan productos, paguen salarios y obtengan suficientes beneficios para pagar también los diferentes impuestos, tasas y gravámenes de todo tipo que recaen sobre las actividades económicas. De igual manera, el funcionario, el militar, médico, policía y, en general, cualquiera que sea, de una forma u otra, empleado público o cuyos ingresos dependan de la administración pública depende de las mismas fuentes de ingresos que el gobernante.

Podría continuarse con la cadena hasta llegar a todos y cada uno de los papeles que pueden desempeñarse en una sociedad. Es más, no se libra nadie, ni siquiera las personas clasificadas dentro de la llamada población inactiva o de la desocupada. La verdad, cruda e incuestionable, es que todos dependemos de los demás, nos guste o no.

Pero la gran diferencia es que los gobernantes pueden imponer sus ingresos y cobrarlos por la fuerza: estableciendo multas y sanciones, embargando cuentas bancarias, cobrando intereses por el retraso e incluso pueden llegar a meterte en la cárcel si no pagas. Sin embargo, el resto de las relaciones económicas son de naturaleza voluntaria, en mayor o menor medida puesto que dependen de la existencia o no de posiciones dominantes (monopolios y similares) en los diferentes mercados, sean estos de bienes y servicios o de factores.

Lo mismo podría decirse de las naciones, algunas más ricas, otras más pobres; y de las regiones o ciudades, algunas más prósperas, entre las que hay algunas que tienden a ser insolidarias con las que son menos afortunadas, como estamos viendo actualmente en España, aunque a esta insolidaridad se la puede llamar de diversas formas: nacionalismo, nazionalismo o crisis identitaria. Pero esa será otra historia.

Melilla baja el IPSI para los artículos textiles y el calzado

Viene todo esto a cuento de que la Asamblea de la ciudad de Melilla ha aprobado hace unos días, exclusivamente con los votos de los diputados que sujetan al gobierno, una bajada de los tipos impositivos del IPSI para dos grandes grupos de artículos: textil y calzado; y lo ha subido para el cemento. Los tres partidos de la oposición no han votado a favor de la modificación, según parece porque en el expediente falta una memoria del coste para las arcas públicas que supone la modificación, es decir: sobre el importe en que probablemente disminuirá la recaudación. La falta de este documento, necesario según la normativa y la más mínima lógica económica, parece que había sido ya advertido por el interventor general en su informe previo de naturaleza obligatoria.

El gobierno de la ciudad ha mantenido que “el informe de impacto económico no era necesario, toda vez que el estado, desde 2002, garantiza la recaudación del IPSI”…y que “no tendrá ningún efecto en las cuentas de Melilla porque el estado garantiza los ingresos del IPSI”, y también que el aumento del tipo impositivo para el cemento “iba a ser sufragado por el estado” en el caso de la construcción de la ampliación del puerto de Melilla, ya que las obras las pagaría el mismo estado.

Llama la atención la postura de nuestro gobierno, sobre todo cuando la comparamos con la que mantiene, sobre este mismo asunto, el gobierno de la ciudad hermana de Ceuta que al menos guarda las formas y, por encima de todo, muestra el respeto debido a nuestra Nación y a todos los españoles, que son los que, en última instancia, van a pagar o no los costes de la medida.

Antecedentes de la garantía del IPSI

El gobierno de Melilla, además, peca de ignorancia y mala memoria porque cabría recordar las razones por las que se instrumentó, mediante una Ley, la “compensación por la que se garantiza la evolución de la recaudación por el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación de las Ciudades de Ceuta y Melilla”, que no fue otra que la determinación de un sistema para compensar a ambas ciudades de la, por aquel entonces, muy probable disminución progresiva en sus ingresos tributarios por el impuesto sobre la importación de mercancías, a partir de principios de 2000, habida cuenta de la escalonada supresión mutua de los aranceles entre Marruecos y la Unión Europea derivada del Acuerdo Euro-Mediterráneo de Asociación con Marruecos, que entró en vigor en el año 2000.

Este acuerdo arancelario, según se consideraba, llevaría a un desvío de los tráficos comerciales entre Europa y Marruecos, que tradicionalmente habían venido pasando a través de Melilla (y Ceuta), a su importación directamente desde Marruecos, por lo que tal recaudación del IPSI y gravámenes complementarios se vería menguada de forma notable.

Por tal motivo, habría que compensar, si se producía tal contingencia, a ambas ciudades puesto que venían recaudando el impuesto desde hacía muchos años y, por tanto, habían configurado su estructura de funcionamiento (número de funcionarios, servicios a prestar) en función de tal recaudación, que no hacía más que crecer de un año para otro y había alcanzado cotas notables, y ahora esto no se podía venir abajo por razones impuestas externamente, no ya por España sino por la Unión Europea y, por consiguiente, ajenas a ambas ciudades, las cuales podrían entrar en graves problemas financieros, ya que, por poner un ejemplo, a los funcionarios no se les puede despedir así como así.

Y en este escenario, con buen criterio el gobierno de Aznar introdujo esta modificación a última hora en la tramitación de la Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social de 30 de diciembre de 2002, la cual fue aprobada por las Cortes y aún se encuentra en vigor.

El IPSI suponía entonces el concepto más importante en los ingresos de ambas ciudades y, a pesar de su continua disminución, todavía hoy significa una parte importante de los ingresos de la Ciudad Autónoma de Melilla, si bien desde la entrada en vigor de la comentada “garantía del IPSI” la participación de esta última ha ido aumentando paulatinamente mientras que la de la recaudación del impuesto ha ido disminuyendo en su participación porcentual, de forma que ambas magnitudes tienden a su igualación a medio plazo y, a partir de ahí, la aportación estatal empezará a superar la recaudación propia.

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