La obediencia indebida que va a implicar responsabilidades personales

La «obediencia debida» como eximente de las conductas delictivas de autoridades y funcionarios fue magistralmente llevada al cine en la película «Vencedores o vencidos» (Los Juicios de Nüremberg), que culmina con un impresionante diálogo entre el Juez americano (Spencer Tracy) con el antiguo Ministro nazi de Justicia y Juez alemán (Burt Lancaster) en el que el segundo mantenía que siempre cumplió la Ley, aunque no le gustara, y el primero pudo demostrarle que todo Juez, en su conciencia interior, debía conocer, y de hecho conocería, la ejecución de hechos despreciables y criminales en base a lo prescrito por las mismas.

En el mundo de la política y, en concreto, en el funcionamiento de las instituciones públicas, los partidos políticos vienen a imponer a sus correligionarios una especie de «obediencia debida», mediante la cual votan en el mismo sentido, individual o colectivamente, sobre asuntos determinados independientemente de otras consideraciones, como su conveniencia para los intereses de la institución concreta que junto a los de los ciudadanos que directa o indirectamente les han votado son los únicos que deberían considerar, así como los previsibles efectos de los actos a aprobar e incluso su legalidad.

Viene esto a cuenta de la actitud repetidamente mantenida por los integrantes del Grupo Popular del Sr. Imbroda en la Asamblea de Melilla, que votan lo que haga falta, y más aún, de acuerdo con las instrucciones y deseos de su jefe independientemente de otra consideración. Hemos tenido que presenciar aprobaciones disparatadas, a pesar de las advertencias emitidas previamente a la votación efectuada, desde la aprobación de varios reglamentos que contienen disposiciones contrarias a las establecidas en la Ley para general cumplimiento, a una ampliación de capital de una empresa pública que no cumplía claramente con los requisitos legales, hasta que ha llegado hoy el caso más paradigmático: la aprobación de las cuentas (y la gestión social) en 2012 de la sociedad pública que realiza la Televisión de Melilla (INMUSA), cuando incluían unos claros y taxativos informes de auditoría y de la Intervención General de la Ciudad Autónoma de Melilla que señalaban el incumplimiento de las obligaciones legales a las que se encuentra sometida la empresa. Es decir: hechos y no presunciones.

Unos hechos detectados en los respectivos informes cuya aprobación posterior, como hoy ha sucedido, podrían tener la consideración de delictivos, por cuanto que han supuesto la vulneración de la legislación vigente por parte de una empresa pública, y esta violación del ordenamiento jurídico no es una opinión de unos «descerebrados» cizañeros sino un hecho constatable y cierto. Es decir: han adoptado una resolución anti-jurídica a sabiendas y con plena conciencia de los mismos.

Uno de los hechos se refiere a la contratación indefinida de tres personas a principìos de 2012. Una contratación no sostenida en un procedimiento previo que asegurara el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, publicidad y capacidad de los beneficiarios. El mensaje es terrorífico: En una de las ciudades europeas y españolas con mayor desempleo, una administración pública aprueba la contratación irregular de tres personas en una empresa pública financiada en su totalidad por fondos aportados por la Ciudad Autónoma de Melilla, aproximadamente tres millones de euros en el citado ejercicio de 2012.

A los integrantes del Grupo Popular del Sr. Imbroda les han dado igual las advertencias, no sólo de ilegalidad sino de responsabilidades jurídicas posteriores, que han sido lanzadas por todos los grupos de la oposición previamente a la realización de la votación, y allí, uno a uno, incluida una familiar directa de una de los tres beneficiarios de los contratos, que debería haberse abstenido de acuerdo con la Ley, han ido votando individualmente a favor de las cuentas. Deben tener muy mala memoria, o deben creerse por encima de cualquier consideración, pues deberían recordar las recientes imputaciones de más de veinte cargos públicos y funcionarios de la Ciudad Autónoma de Melilla a consecuencia de un informe del Tribunal de Cuentas.

Han cometido, a sabiendas y con conocimiento previo, un torpe acto del que tendrán que responsabilizarse en el futuro, que deseo sea inmediato: Los mandatos de carácter delictivo por parte parte del partido o de quien procedan no son obligatorios y los representantes del pueblo en las instituciones deben estar a la altura de las circunstancias y del pueblo al que dicen representar, a veces no muy dignamente. Este caso sirve para describir una forma de gobernar basada en la prepotencia y en la soberbia más absolutas.

 

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