Los Planes de Empleo en Melilla (3ª y última parte)

Efectivamente, ya habíamos conseguido tener la versión melillense del Plan de Empleo Rural, el famoso PER establecido desde hace casi treinta años en las zonas rurales de Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha, que ha llevado a la paradoja de lograr la cobertura del empleo agrario mediante la inmigración procedente de los países del Magreb y del este de Europa, ya que los lugareños simplemente prefieren no trabajar en el campo.

También existe la paradoja melillense, que es aún más curiosa, y viene del hecho de que un instrumento destinado, en teoría, a mitigar el relativamente alto volumen de desempleo en la ciudad de Melilla empezó a producir, desde hace ya demasiados años, precisamente el efecto contrario: cada vez el número de desempleados inscritos era mayor, y no exclusivamente por la destrucción de empleo en el sector privado, y tampoco en gran medida por las nuevas incorporaciones derivadas del movimiento natural de la población, las cuales, aunque existen dado el elevado porcentaje de población juvenil que cada año abandona sus estudios, tampoco sirven para justificar completamente el aumento de las inscripciones. Lo cierto es que se ha generado un “círculo vicioso” en el mercado de trabajo de Melilla, que lleva al rechazo de la oferta de empleo temporal del sector privado por buena parte de los desempleados y al crecimiento continuo y persistente de la bolsa de temporalidad que puede cubrir la demanda de trabajo artificial generada por los planes de empleo a instrumentar anualmente.

Por otra parte, a partir del tercer trimestre de 2008, se desencadenan en España los primeros síntomas de la crisis económica, y se produce un desplome del sector de la construcción, que había servido de “puerta de entrada” en el mercado de trabajo a millones de personas con escasa formación y especialización, muchas de ellas provenientes de terceros países, pero también miles de ellos españoles, entre ellos cientos y cientos de melillenses que habían acudido a prestar sus servicios en las zonas españolas más en auge, tales como Madrid, las islas y la costa mediterránea hasta Cataluña. Con el desplome del sector gran parte de ellos perdieron sus trabajos, y ante la extensión de la percepción generalizada de que el sector no repuntaría de nuevo en breve plazo, empezaron a decidir retornar a su localidad de origen para acogerse al “colchón familiar” para amortiguar del descenso individual de rentas no compensado por la prestaciones por desempleo, y, al tiempo, aprovechar las oportunidades de empleo en Melilla, donde sus familiares les explicaban que cada año salían los planes de empleo en la forma que hemos mencionado. Y así, de esta manera, la crisis económica generalizada, su especial incidencia en el sector de la construcción y la existencia de los planes de empleo anuales en la ciudad, han producido un “efecto llamada” de desempleados que simplemente puede cotejarse observando la evolución de las cifras de población en los últimos años.

El desempleo en Melilla está ahora sobre las 10.500 personas y creciendo, y lo seguirá haciendo mientras no se produzca, entre otras circunstancias, una aguda modificación de la forma de gestión de los planes de empleo. No quiero decir con esto que la única causa del elevado desempleo que sufrimos en Melilla viene por los planes de empleo, pero sí digo que, a partir de un cierto nivel de desempleo, que sería el volumen de desempleo “real”, los planes de empleo sí son la causa principal del excedente desde ese nivel, que, en mi opinión, rondaría sobre los 6.500-7.000 desempleados o incluso menos, hasta el volumen actual. Este excedente de desempleo mostraría el fracaso de las iniciativas actuales puestas en marcha, y su crecimiento debería hacer pensar a las personas que toman las decisiones que es necesario hacer cambios para enderezar las cosas.

¿Habría que suprimirlos? Hoy por hoy, claramente no. Por encima de todo hay que ser realistas y las cosas son como son, y no cómo nos gustaría que fueran. Por lo pronto, hay que modificar su forma de gestión y, en mi opinión, hay que cambiar cuatro aspectos de los mismos: en primer lugar, la percepción del uso partidista de los planes de empleo para obtener beneficios a medio plazo claramente partidistas también; en segundo lugar, el nivel de salarios asociado a los planes de empleo que debe ser similar, o ligeramente menor, al ofrecido por el sector privado; en tercer lugar, el destino de los trabajos o servicios a realizar que nunca debería ser una cuestión secundaria sino la razón última del contrato de trabajo; en cuarto lugar, ligar el disfrute de los planes de empleo a otras acciones de política de empleo, particularmente a la recepción obligatoria de formación previa o reciclaje profesional.

Las instituciones públicas son de todos o, al menos, deberían ser de todos. El uso partidista de las mismas, el empleo de los recursos públicos en aras de obtener beneficios partidistas a corto y medio plazo, a lo único que lleva es al desprestigio de las instituciones y a la degeneración de las mismas, que sólo pueden concebirse en una democracia como instrumentos públicos neutrales en tales aspectos.

¿Cómo encajar todo esto en una propuesta viable para seguir acometiendo los planes de empleo en Melilla y, al tiempo, mejorar enormemente su eficacia y eficiencia? En mi opinión, deberían instrumentarse, previa realización de las modificaciones normativas que, en su caso, fuesen necesarias, de la siguiente manera:

  1. Los planes de empleo deberían gestionarse en su mayoría mediante la contratación de obras y servicios a empresas privadas, expediente que, por cierto, permite parcialmente la actual reglamentación aplicable, y que fue utilizado mayoritariamente el primer año de su implementación en 2001 por la Ciudad Autónoma, aunque sólo en ese ejercicio. A tal efecto, los servicios públicos deberían diseñar y valorar, en primer lugar, proyectos de obras y servicios que tuvieran un altísimo contenido de mano de obra en los productos o servicios a obtener y que, además, tales productos o servicios finales estuviesen bien configurados para poder evaluar la calidad final del trabajo realizado. En segundo lugar, tales proyectos de obras y servicios deberían salir a contratación pública para que las empresas e instituciones que lo deseen puedan optar a los contratos. En tercer lugar, deberían restringirse o eliminarse completamente los requisitos de calificación o experiencia para que las nuevas empresas que pudieran constituirse puedan acceder a estas contrataciones. En cuarto lugar, los contratos públicos deberían adjudicarse a las mejores ofertas presentadas. Por otra parte, para algunos casos muy determinados, por ejemplo para trabajos a ofrecer a discapacitados, podrían realizarse planes de empleo de acuerdo con el modelo actual, pero sólo en casos excepcionales y debidamente justificados.
  2. Por otra parte, los salarios no tendrían que fijarse administrativamente, sino dejarse a la libre voluntad de las partes, las cuales tendrían que respetar, en cualquier caso, los salarios mínimos por sector o generales existentes para cada categoría profesional. En cualquier caso, la valoración por la administración de los costes de personal a incluir en los proyectos debería ceñirse a los salarios mínimos por categoría existentes en el sector privado.
  3. La administración debería vigilar el cumplimiento de las obras y servicios a realizar, exigiendo el cumplimiento de los plazos contratados a las empresas adjudicatarias, y estableciendo sanciones en caso de incumplimientos injustificados. Asimismo, la Administración debería comprobar el cumplimiento del nivel de empleo asociado al contrato y su distribución cualitativa siempre que hubieran figurado inicialmente como requisitos para obtener las adjudicaciones.
  4. Durante el período de tiempo para la presentación de ofertas y la contratación pública, los servicios de empleo públicos deberían organizar cursos de formación o reciclaje destinados a los desempleados inscritos, de forma que sólo podrían ser seleccionados, aunque siempre por las empresas privadas adjudicatarias de las obras y servicios, aquellos desempleados que hubieran recibido previamente tales acciones de formación o reciclaje. Asimismo, al término de los contratos, los servicios de empleo deberían evaluar individualmente a los trabajadores que hubieran completado los contratos y, en su caso, derivarlos a nuevos cursos de cara al siguiente ejercicio.
  5. Como ha quedado dicho, la selección del personal se realizaría entre los participantes en los cursos. Sin embargo, habrá aún más campo para que las entidades empresariales y sindicales pudieran participar, y precisamente en las fases más importante del proceso, que serían la de ofrecer ideas y seleccionar los proyectos que finalmente se llevarían a cabo, cómo se  realizarían y con qué medios, así como el diseño de los cursos de formación y reciclaje que se impartirían. Además, si existiese una preocupación de facilitar ocupación a las capas más desfavorecidas de la sociedad, que normalmente carecen de cualquier tipo de cualificación, deberían, en esta fase, diseñarse actuaciones para las que fueran necesario trabajadores con estas características.

Cierto es que algún listillo podría facilitarle a una empresa privada adjudicataria una lista de personas a contratar, pero esto, en mi opinión, sólo ocurriría el primer año del cambio en su forma de gestión, siempre y cuando la exigencia de la administración del cumplimiento del resultado y plazos de los productos y servicios contratados fuese firme y seria. También podría ocurrir que algún avispado “empresario” contase con información privilegiada para “montarse un chiringuito” a costa de dinero público y obtener una buena parte de este tipo de contratos, y es que el principal peligro son algunas personas que todo lo que tocan lo ensucian, aún cuando antes estuviera totalmente pulcro. Para evitar estas contingencias, deberían establecerse pliegos de prescripciones y condiciones generales de contratación que sean serias, adustas y comprobables, y, además, establecer como sistema general de adjudicación la subasta, siempre y cuando se cumpliesen por los aspirantes todos los requisitos previamente establecidos para participar.

Además, los incumplimientos por parte de las empresas privadas deberían llevar a penalizaciones para sus futuras ofertas para licitaciones de este tipo.

En resumen: las empresas privadas obtendrían mayores resultados en cuanto al objeto de cada plan (si se trata de limpiar el río, por ejemplo, este quedaría limpio al finalizar el plan) puesto que, en caso contrario, podrían no volver a ser contratadas. Además, se inscribirían al paro los trabajadores que realmente quieren y necesitan trabajar, y se eliminarían las bolsas de paro artificial creadas por los mal llamados planes de empleo. Por último, los trabajadores adquirirían experiencia en un ambiente de trabajo real y no ficticio.

Es indudable que para la administración pública la forma descrita es más difícil de gestionar que la actual, donde ni hay que hacer proyectos, ni organizar cursos de formación previos, ni poner en marcha procesos de contratación, ni hay que adjudicar ni publicar nada, ni siquiera inspeccionar la ejecución de los planes, sino tan sólo realizar una pequeña memoria justificativa inicial. Pero la verdad es que la administración cuenta con los recursos suficientes para acometer con garantías estos retos, sólo es cuestión de organización, gestión y ganas de hacer las cosas bien, y, por otra parte, generosidad política suficiente como para soltar el “pastelito” de la gestión politizada de los planes de empleo, que mucho me temo que es el quid de la cuestión. Habría problemas, como, por ejemplo, que los programas del servicio público de empleo sólo podrían sufragar los costes salariales y de seguridad social de los trabajadores a contratar, mientras que quedaría una diferencia en términos de coste de materiales, maquinaria a utilizar, beneficio industrial e impuestos sobre la producción aplicables, pero tal problema debería suscitar soluciones imaginativas para contrapesarlos y utilizar las diferentes posibilidades y ayudas de ambas administraciones públicas de manera coordinada y sinérgica, evitando la consideración de los planes de empleo como un compartimiento estanco ya que, en cualquier caso, tampoco serían tan elevados estos costes adicionales (en gran parte de los casos, deberían ser como máximo un 25 % del precio del contrato).

Por último, y como razones de peso para la modificación de la forma de gestión, ofrezco dos: en primer lugar, hay que tener en cuenta que si las contrataciones pudiesen realizarse a un nivel de costes salariales similares a los de las empresas privadas, con el mismo coste para las arcas públicas podrían realizarse muchos más contratos de trabajo de los que actualmente se realizan. Es decir: si con 15 millones de euros puede atenderse a 1.500 personas; con esa misma cantidad de dinero podría atenderse tal vez a 2.000 o incluso más personas. En estos tiempos de crisis económica y de abrocharse el cinturón, sólo esa sería ya razón suficiente para cambiar, porque, supongo, se trata de gestionar bien el dinero público, y conseguir los mejores resultados con el mismo, ¿o no debería ser así?

En segundo lugar, esta iniciativa podría conseguir la generación de decenas de pequeñas empresas en Melilla. Porque, aparte de obras, también podrían diseñarse toda una batería de acciones a desarrollar en el ámbito de los servicios sociales, sanitarios, tecnologías de la información, seguridad, económicos, medio ambientales, etc., y el acicate de conseguir contratos podría ser un mecanismo inductor suficiente para que muchos emprendedores se decidieran a crear empresas, porque no todo tiene que tener un origen público en esta ciudad.

En definitiva, se trataría de utilizar el elevadísimo presupuesto anual destinado a los planes de empleo en Melilla para que, al tiempo que genere efectos en el muy corto plazo disminuyendo el desempleo, pudiera utilizarse para obtener un efecto “palanca” adicional a medio y largo plazo, mediante la creación de numerosas pequeñas y medianas empresas que podrían optar a los contratos y obtener las adjudicaciones, de forma que tales contratos iniciales con la administración pudiesen convertirse en la señal definitiva para su salida al mercado. Creo que nos podríamos sentir orgullosos si se generaran unas 50 nuevas empresas en su primer año, y más aún si después de dos años de funcionamiento sobrevivieran la mitad de ellas. Eso sí sería un buen resultado proyectado hacia el futuro, porque de lo que más carecemos es de emprendedores en esta ciudad.

Porque las preguntas del millón son: ¿la gestión actual de los 15 millones de euros anuales que cuestan sólo la parte de políticas activas de los planes de empleo, constituyen la mejor manera de invertirlos de cara al futuro de Melilla?; ¿En un caso como este, es peor el remedio que la enfermedad?

La respuesta, al menos como la veo yo, es demasiado obvia. Yo creo que es demasiado dinero para permitirnos el lujo de segur invirtiéndolo mal. Al menos, que sirva para el futuro utilizándolo como palanca para crear nuevas empresas y empleos en Melilla.

3 thoughts on “Los Planes de Empleo en Melilla (3ª y última parte)
M. Nieves Vida

Magistral…. está claro, no les interesa hacerlo bien, porque si lo hicieran, no podrían utilizarlo de forma partidista.
Yo añadiría un requisito más, que aunque no sea constitucional, o legal, desde luego que reduciría mucho la lista de demandantes de los planes de empelo… La Renta familiar…

Lola

Por fin he encontrado esta página.Respecto a lo que dices de que los actuales planes de empleo enmascaran los datos reales de paro, baste como ejemplo comentar que en la bolsa de personal cualificado, entre otros, monitores deportivos, muchos de los que se apuntaron y lograron el puesto eran estudiantes que, además de sus vacaciones correspondientes, solicitaban, en virtud del acuerdo marco y convenio colectivo, días para presentarse a exámenes en la Península.Vamos, que sumando los 15 días de vacaciones, más los 3 de asuntos propios, más 1 día de asuntos religiosos, más un mogollón de días para desplazarse a la Península….vaya, que cobraban 6 meses pero trabajaban 3.Ciertamente, la Consejería de Economía no lo consintió.Por cierto, el sueldo era de más de 2.000 euros. Jod.. así yo también prefiero los planes de empleo.
Por otro lado, tal y como planteas los planes de empleo, creo que se corre el peligro de que aparecerían muchas empresas que sólo se dedicarían a optar a este tipo de contrato.Creo que el cumplimiento del objeto del contrato no es lo importante en los planes de empleo.Siguiendo tu ejemplo, para limpiar el río, no sólo es exigible a la empresa que el río quede limpio.Pues sólo faltaba que pagándole yo con mis impuestos sus gastos de personal, no lo hiciera.Lo exigible sería que mantuviese, al menos, el 50% de los trabajadores contratados.

Julio Liarte Parres

Gracias, Lola, por tu aportación.

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