Una valoración de las medidas propuestas contra la crisis económica de Melilla

Hemos comentado anteriormente alguna de las “medidas de política económica” -por llamarlas de alguna forma- planteadas por el gobierno de Melilla contra la crisis que padece la ciudad, caracterizada por un elevado desempleo que incide especialmente en la población juvenil así como la población femenina en general y la población con un escaso nivel formativo y de especialización.

Estos grupos, junto al colectivo de discapacitados y alguno otro más, son los beneficiarios principales del sistema de parcheo del problema mediante los mal llamados “planes de empleo”, de los que también hemos comentado. Todo ello lleva a la emigración hacia el resto de España o incluso el extranjero como salida prácticamente única para el futuro de nuestros jóvenes mejor formados, que son muchos.
Además, la caída en la actividad del sector comercial está siendo espectacular y las expectativas, a menos que se produzca un revulsivo inmediato, especialmente la solución de la parálisis fronteriza, no son muy halagüeñas.
Así mismo, se ha ido creando en Melilla una sociedad dual: personas que tienen todo tipo de posibilidades junto a otros con unas más limitadas; trabajadores con contratos fijos y rentas medias o altas junto a desempleados de larga duración sin formación alguna ni especialización, que malviven de todo tipo de subsidios en situaciones de pobreza, de las que no se sabe si pueden o incluso si quieren salir, pero en cualquier caso no pueden ser abandonados y requieren de una atención especial y programas de fomento.
Frente a este berenjenal, las medidas anunciadas son las siguientes:
  1. Aumento desde el 50 al 75% en el descuento en los transportes para los residentes, sobre la que comentamos que, independientemente de que favorezca a la población de Melilla en tanto que potenciales viajeros somos todos y de lo cual me alegro y considero Justo, si bien considero que para evitar efectos negativos debería ser complementada con el establecimiento simultáneo de un nivel similar de precios bajos en los transportes para los no residentes, de forma que pudieran venir turistas a Melilla y no principalmente cargos públicos o ejecutivos, viajantes comerciales y melillenses que retornan para pasar unos días en familia.
  2. Aumento de la bonificación por residencia en el impuesto sobre la renta a partir del ejercicio de 2018, pasando del 50% actual al 60%, y que empezaría a producir efectos, como muy pronto, en el segundo trimestre de 2019, que es cuando se presentan las declaraciones. En el caso de que finalmente fuese aprobada esta medida–porque no se ha vuelto a hablar de esto-,  no tendría efectos prácticos para que pudiera producir un revulsivo inmediato y, además, no estaría dirigida a la totalidad de la población sino exclusivamente a las rentas más altas, que son las que podrían disfrutarla. Es decir: tendría un efecto relativamente lejano en el tiempo y muy limitado a un sector de la población, por lo que el aumento de la renta nominal es muy previsible que, además, no se traduzca en un aumento en el consumo local.
  3. Aumento del sueldo de los funcionarios públicos. Sin duda muy justa, pero en lo que se refiere a la reactivación económica de la generalidad de la ciudad de Melilla, ocurre como con la anterior, es una medida de carácter parcial y que, en cualquier caso, serviría para alimentar el efecto de la primera medida comentada.
Aparte de las anteriores, la propaganda gubernamental ha lanzado otras medidas, todas graciosas, algunas por sus denominaciones y otras por sus contenidos:
  1. “Mini-cruceros”. No sé quién le habrá puesto el nombre aunque me lo imagino. Se trata de establecer, mediante convenios con las navieras, precios o paquetes “turísticos” para que ciudadanos no residentes en Melilla pero que residan en las provincias de Málaga, Almería o Granada, fundamentalmente, puedan venir a Melilla y regresar en barco durante los fines de semana para realizar “compras” y disfrutar de los atractivos locales. Cabe recordar que ya se intentó a finales de los ochenta del siglo pasado cuando se creó el Patronato de Turismo. Entonces no tuvo éxito, a pesar de que por aquel entonces todavía existían unas ciertas ventajas competitivas para algunos artículos que se vendían en Melilla (el llamado comercio de bazar). Hoy en día, apenas tenemos artículos con el suficiente atractivo que no se puedan lograr a precios similares en tales partes de la península. Por tanto, para su éxito sería necesario crear un programa atractivo de actividades en Melilla, para lo cual hay que tener previamente la ciudad en estado impecable y de revista, lo cual implicaría invertir antes de manera adecuada. En cualquier caso, su efecto sería limitado y tal vez reducido a la hostelería, aunque siempre sería mejor que nada, pero dado el número de horas de viajes, sus condiciones y su confortabilidad dudo mucho que inspiren a muchos viajeros, a no ser que seamos capaces de crear unas ofertas realmente atractivas. Ojalá me equivoque en esto, y que finalmente se convierta en una realidad.
  1. Melilla: ciudad de cruceros por el mediterráneo.  Se trata de uno de los “inventos del Tebeo” de nuestros políticos locales. El presidente de la Autoridad Portuaria, después de ir a una feria de cruceros celebrada en Miami, se trajo a Melilla a unos cuántos gestores, organizó un acto público en un hotel, y finalmente salieron las conclusiones del mismo: para que Melilla pudiera convertirse en un puerto que atraiga a cruceros en el mediterráneo necesitaría previamente realizar unas inversiones en infraestructuras que llevarían, al menos, varios años, se habla que al menos diez. O sea, que hasta dentro de varios años, nada de nada. De risa, por no llorar.
Además, para conocer la experiencia de Melilla con respecto a las escasísimas paradas de cruceros que hemos tenido, principalmente de jubilados británicos o de países del antiguo “telón de acero”, solamente hay que hablar con hosteleros y comerciantes. La opinión general es que tales visitantes no compran ni agua. Una vez que reciben los avituallamientos y regalos institucionales que nuestro insigne viceconsejero de turismo les entrega mientras se hace una foto para los medios locales, se dan un paseo por el centro y vuelven al redil con el mismo dinero y unos cuantos obsequios. Los integrantes de las empresas que permanecen abiertas en horario continuo para atenderles se quedan charlando entre ellos mientras les ven pasear, muchos trabajosamente, por el centro de la ciudad. Es decir: no se generan ingresos y encima nos cuesta dinero a los melillenses.
En definitiva: podría ser interesante preparar las infraestructuras para dentro de unos años estar en condiciones de beneficiarse de visitantes, pero que no nos vendan la medida todavía porque aún faltaría mucho trecho hasta hacerla realidad. Además, con los gestores actuales dudo mucho que esto fuera posible.
Finalmente, se ha hablado de una medida que, si está bien diseñada en el fondo y en la forma, podría generar unos efectos muy positivos en la economía de Melilla, tal y como están las cosas:
  1. Plan de Obras financiado exclusivamente por la Ciudad Autónoma, aunque habría que intentar implicar al Estado. Es la única medida que no voy a criticar, porque considero que podría servir para algo bueno. Mejor dicho, voy a criticar más adelante cómo pretenden llevarla a cabo de manera generalizada, pero no el por qué ni el para qué, porque son obvios.

Un ambicioso Plan de Inversión Pública

Esta medida podría producir muchos efectos positivos en la economía de Melilla a través de la inversión, tanto pública como privada, y mediante los efectos de la misma en las rentas de los ciudadanos que encontrarían empleo y su gasto posterior, principalmente en consumo interior, que permitiría su transmisión al resto de la ciudad a través de las empresas, las cuales, a su vez, podrían generar nuevos puestos de trabajo para atender tal mayor demanda interna. Estos puestos de trabajo se verían incrementados con los que se crearían, además, en las empresas que prestan servicios a las que abastecerían el aumento del consumo. En definitiva: sería bueno para todos, de una forma u otra y, por otra parte, sería lo único que verdaderamente y sin lugar a dudas podría dejar físicamente huella en Melilla: la inversión pública y la inversión privada realizada en la ciudad.
Así que debería fomentarse la Inversión al máximo posible, no solo la directamente pública mediante la realización de obras públicas, sino la inversión privada mediante las ayudas financieras a la rehabilitación de viviendas, fomento de la construcción de viviendas y a la creación, ampliación y consolidación de empresas; todo ello mientras se hacen movimientos complementarios para favorecer lo anterior, por ejemplo: la aprobación de un nuevo Plan de Ordenación Urbana que lo posibilite, la aprobación de nuevas normativas que lo favorezcan, la dotación de instrumentos financieros que promuevan la inversión privada, etc.
Además, mientras se apuesta firmemente por la inversión debe hacerse un esfuerzo para reducir a su mínima expresión el gasto consuntivo puro, la subvención no condicionada y todo lo que no sea indispensable, o que sea redundante o innecesario. En definitiva: dejar de despilfarrar y de instrumentar una política de clientelismo partidista para hacer una política dirigida al beneficio general de la ciudad.
Ahora bien, no toda inversión es válida. Deben seleccionarse aquellas que, en función de una evaluación previa, sean más interesantes para el futuro de la ciudad y, a ser posible, generen menores costes para su mantenimiento en el futuro. O sea: menos caprichos y decisiones precipitadas y más inversiones de calidad.

La “burbuja” de TRAGSA

TRAGSA es un grupo de empresas propiedad del estado, a través de la sociedad española de participaciones industriales (SEPI). Además, en su capital social participan como accionistas las 19 comunidades y ciudades autónomas, aunque estas últimas con una participación mínima y puramente testimonial.
La Legislación permite la adjudicación, mediante encomiendas de gestión, de las obras, servicios y suministros que el estado y las comunidades y ciudades autónomas españoles consideren, directamente a las empresas del Grupo TRAGSA, dado su estatus legal de medio propio instrumental y servicio técnico de tales administraciones públicas. Para la ejecución de las obras, suministros o servicios encomendados, TRAGSA puede recabar la colaboración de empresarios particulares en un porcentaje no superior al 49 % del importe total de cada encomienda, mediante el régimen de subcontratación legalmente establecido.
Me llama la atención de que, de un tiempo a esta parte, en Melilla casi todas las obras las va a hacer TRAGSA. Es algo al parecer legal y lo hacen en otros territorios, también muy intensivamente en Ceuta. Si se habla de reanudar el Hospital de Melilla: TRAGSA. De la fachada de Averroes: TRAGSA. Del antiguo edificio de Correos: TRAGSA, y así otras muchas, prácticamente las más importantes desde hará un año aproximadamente. Pero, ¿Qué hay detrás de TRAGSA? o, mejor dicho, ¿Por qué TRAGSA?
Hay dos aspectos a considerar:
  1. La contratación de trabajadores, que se dice “se realizará a través del servicio público de empleo estatal, SEPE”. Sin comentarios. Cualquier persona que viva y trabaje en Melilla sabe lo que esto significa en los términos actuales.
  2. La subcontratación a empresas de partes de la obra, que no debería superar el 49% de su valor, como hemos visto. Tal vez sea esta la razón por la que ninguna empresa se ha quejado de estas decisiones de adjudicación de las más importantes obras a una empresa del estado (como si estuviéramos en Corea del Norte o en Cuba) sin ningún tipo de procedimiento de concurrencia competitiva para que, al menos, pudieran competir empresas privadas, que son las que en un régimen de economía liberal como el español deberían ejecutar estos trabajos para la administración pública. Surgirían dos cuestiones: ¿Cómo se adjudica la sub-contratación? y ¿Existe concurrencia para la misma?
En definitiva. Inversión pública sí y cuánta más, mejor; pero, además, concurrencia competitiva también, y cuánta más, mejor, y todo ello porque hay que tener las cosas claras, porque la inversión pública, además de sus efectos multiplicadores en la economía, goza de otra cualidad intangible: no permitiría la discriminación de los beneficiarios últimos: los trabajadores, los empresarios, los usuarios y, en definitiva, los ciudadanos, siempre y cuando esté guiada por procedimientos de contratación transparentes y no discriminatorios, que es precisamente lo que garantizaría la aplicación de los sistemas de concurrencia competitiva previstos en la Ley de contratos públicos.

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