Zapatero está atrapado en su laberinto

Hará unos dos años, el prestigioso semanario británico “The Economist” editorializó sobre el caso económico español en un artículo titulado “La fiesta ha terminado”, en el que analizaba el sorpresivo derrumbe económico de España, que había pasado, sólo en unos pocos meses, de asombrar al mundo por el rápido y sostenido crecimiento económico durante más de una década, el enorme volumen de empleo creado desde principios del nuevo milenio, la impecable transición política desde una dictadura a una democracia, y la modernización del país en todos los sentidos posibles; así hasta llegar a un desplome repentino y en caída libre muchísimo más acentuado de lo que la crisis económica mundial y generalizada estaba generando en los países del entorno. En el artículo se incidía en los problemas de fondo de la economía española, que eran anteriores a las manifestaciones de la crisis económica, principalmente la muy superior dependencia en la estructura económica española del sector de la construcción, la altísima dependencia energética exterior, y el continuo deterioro de la competitividad de los productos y servicios españoles, que ya se manifestaba en un déficit comercial español que era el primero del mundo (¡que se dice pronto!) en términos relativos, y el segundo del mundo en volumen, solamente después de los EE.UU. cuya economía nos supera más de diez veces en tamaño.

En el pasado, la pérdida de competitividad internacional de los productos y servicios españoles se solucionaba de una forma no traumática, aunque no por ello gratuita, mediante el recurso a la devaluación de la peseta, con lo que el peso del ajuste caía sobre el precio de las importaciones con una demanda más rígida, como el petróleo y otras materias primas; y los costes económicos del ajuste podían distribuirse, más o menos uniformemente, a lo largo y ancho del país y los españoles a través de los mayores precios de la gasolina y otros suministros, y luego con el aumento de los precios de los productos y servicios que los incorporaban, lo que implicaba un aumento de la inflación. Por ello, la devaluación llevaba, a su vez, a una subida de los tipos de interés, ya normalmente altos de por sí debido a la necesidad de financiación del persistente déficit del estado, por lo que los costes de la inacción al final los pagábamos de todas formas los ciudadanos, eso sí, indirectamente a través de los mayores precios de los bienes y lo servicios y las hipotecas, y es que, en definitiva, la inflación funciona más o menos como un impuesto, drenando poder adquisitivo, si bien indirectamente, a través de los mayores precios. Y así podía volverse a un equilibrio más o menos duradero hasta que, normalmente unos años más tarde, la nueva situación deteriorada volvía a imponer otra devaluación. Esta situación posibilitaba que los gobernantes no tuvieran que enfrentarse al gran tabú existente de la reforma estructural: la reforma laboral y la liberalización económica de los sectores productivos, eliminando la mayor parte de las reminiscencias del intervencionismo de las décadas anteriores.

Pero en los tiempos actuales, tras entrar España en la moneda única europea, este tipo de políticas ya no pueden realizarse, principalmente porque han dejado de ser competencia de España, que ha cedido su soberanía en este aspecto, y en algunos otros, a otras instancias europeas. Además, para estar y permanecer en la moneda única hay que cumplir unos criterios de pertenencia al club monetario, como son la obligatoriedad de mantener las cuentas públicas en cintura, con un déficit máximo admisible del tres por ciento del PIB; mantener la deuda pública por debajo del 60% del PIB; y situar la inflación en un nivel mínimo, por lo que el recurso a la inflación simplemente ya no es admisible.

O sea, que no disponiendo de los instrumentos tradicionales de política monetaria y comercial, que ya no son competencia de España, sólo queda la política fiscal, concretamente el presupuesto para utilizar, si bien con unas grandes restricciones, tales como las citadas sobre el déficit público máximo del 3% del PIB, el límite máximo de deuda pública del 60%, y, a partir de ahora, otra adicional, que es la obligatoriedad de someter, previamente que al Parlamento nacional, el proyecto de presupuestos al dictamen de la Comisión Europea, todo ello sin olvidar las obligaciones relativas a la armonización de impuestos dentro de la Unión Europea. No obstante, lo anterior no quiere decir que no se pueda hacer nada, ya que hasta los límites citados hay un enorme campo de actuación y, además, hay que considerar la posible periodificación de las medidas, su priorización y elección.

Todo lo anterior hace que los grandes problemas de fondo de la economía puedan solamente ser resueltos internamente por la vía de los costes, y entonces llegamos de nuevo a las reformas que estamos intentando evitar durante ya treinta años. Ciertamente, en los primeros años tras la transición política no era el momento más adecuado para hacerlas, debido a la potencial convulsión social que podría haber producido, pero sí debería haberse hecho antes de entrar en el euro, o poco después, puesto que es de lo más absurdo que dentro de la misma zona económica hayan estado conviviendo partes diferenciadas o países con diferentes grados de flexibilidad.

El euro, en su primera etapa de auge económico generalizado, ha producido efectos económicos en el país que inicialmente parecían sanos, y que llevaron a un crecimiento económico notable aunque basado en buena parte en el mercado derivado de la construcción, que ha aprovechado unos tipos de interés reales nulos e incluso negativos (unas tasas de interés aplicadas por los bancos en España iguales o inferiores a la tasa de inflación prevista) para entrar en una espiral de enorme actividad destinada a cubrir una fabulosa demanda, que ha tenido básicamente cuatro componentes: la venta de viviendas a nacionales de otros países europeos (retirados y segundas residencias para vacaciones o incluso residencia permanente) que pretendían disfrutar de los atractivos naturales españoles; la cobertura de las necesidades del enorme volumen de españoles que había obtenido un empleo y que decidían hipotecarse para casi toda la vida; la compra de segunda residencia por parte de muchos españoles derivado del crecimiento de la renta; y el derivado del crecimiento súbito de la población inmigrante, cifrada ya en más de seis millones de personas, que son los que han venido desarrollado las labores más penosas, principalmente en el sector de la construcción y los servicios. Esta enorme demanda, impulsada también por los citados tipos de interés reales nulos o negativos, ha llevado a una continua revaloración de los precios de las viviendas, de forma que han sido capaces de asumir los cada vez mayores costes de adquisición de terrenos derivados de las excesivamente controladas y, por tanto, mayoritariamente corruptas, prácticas para la adquisición de zonas en las que edificar las viviendas por parte de los promotores, cuyos enormes e inflados precios han supuesto una gran repercusión de los costes del terreno en cada una de las promociones. Esta demanda explosiva llevó a la creación de una burbuja inmobiliaria, con unos precios sobre-inflados de los activos del sector, que podrían desinflarse súbitamente en cualquier momento, como de hecho sucedió cuando se inició la crisis. El problema financiero viene derivado de la financiación de la “burbuja”, que se ha realizado, en gran parte, mediante la concesión de hipotecas no garantizadas adicionalmente sobre los precios sobre-valorados, incluso en más del 100% de su valor de mercado anterior a la “explosión” de la burbuja, a través, principalmente, de un sistema de cajas de ahorros estrechamente vinculadas al poder político territorial, que ha manejado las cajas como viene manejando las instituciones, en muchos casos imprudentemente, y que hace peligrar la solvencia de muchas de estas entidades financieras que se extienden a lo largo y ancho de España.

Está muy bien lo de echarle la culpa a los especuladores extranjeros y nacionales, pero no estaría mal que cada uno asumiéramos nuestra cuota de responsabilidad, principalmente porque, no nos engañemos, el modelo de crecimiento basado en la construcción ha facilitado la forma habitual de financiación de los Ayuntamientos más punteros durante más de 15 años, y no sólo eso, sino de los parásitos que cada uno tenía a su alrededor, y así hemos visto lo que hemos visto en Marbella, Estepona, Baleares, Canarias, Levante, etc, etc. En definitiva, a los que correspondería haber liderado el cambio eran los más interesados en mantenerlo todo igual, y que durara cuando más mejor.

Pero la “burbuja” inmobiliaria había producido, además, otro efecto, en este caso un efecto riqueza, debido a que la continua apreciación de los precios de la vivienda implicaba un continuo aumento del valor de los patrimonios de las personas físicas que los poseían que podía llegar hasta en un 400% sólo en cinco años en zonas de alta demanda. Ante tales persistentes subidas, se extendió la creencia generalizada que invertir en vivienda era algo muy seguro y constituía la mejor alternativa para el ahorro, puesto que implicaba una revalorización segura y unas plusvalías casi garantizadas, por lo que los españoles tenían menos reticencias a comprar viviendas e hipotecarse, con lo que se retroalimentaba la demanda, gracias a la revalorización considerada como asegurada, y que podrían obtenerse rápidas plusvalías en caso de venta. La cuestión es que muchos españoles pasaron a ser nominalmente ricos. El problema es que realmente sólo han conseguido serlo los que supieron vender antes de que se manifestara la explosión de la “burbuja” inmobiliaria. Para el resto, el problema actual es que nadie quiere renunciar al valor que creían tenía su patrimonio y hay una reticencia a bajar los precios, bajada que, no obstante, ha logrado abrirse camino a través de las grandes promociones que no habían podido venderse con anterioridad, y que necesitan hacerlo so pena de la quiebra de las promotoras inmobiliarias.

Y en estas llegó el desencadenante de la crisis, inicialmente por una imprudente forma de actuar de entidades financieras americanas, pero, tampoco nos engañemos y confundamos el desencadenante con las causas, porque podía haber sido también en Europa, y a ello le siguió el pánico entre los inversores, y luego las crisis bancarias, y luego la intervención de los gobiernos en ayuda del sistema financiero, y entonces el crecimiento del déficit público y…

El error político del Gobierno de Zapatero es no haber hecho nada para solucionar los problemas de fondo mientras el ciclo económico era aún bastante bueno, y no sólo eso, sino que se dedicó a dilapidar el superávit en las cuentas públicas, asumiendo compromisos de gasto con tintes puramente electoralistas, y que suponían más gastos fijos de cara al futuro. Cuando, tres o cuatro años atrás, se produjo la última subida espectacular de los precios del petróleo, y mientras todos los países occidentales anunciaban la próxima construcción de centrales nucleares para disminuir la dependencia energética de sus economías, él hacía lo contrario: continuar con el cierre de las existentes, incluso las que, de acuerdo a criterios técnicos, podrían seguir prestando adecuadamente sus servicios, y apostando por las renovables que, como siguen siendo ineficientes, les aseguraba unas generosas subvenciones que no han hecho más que crear un enorme parque eólico y solar que cuesta un enorme esfuerzo seguir subvencionando porque sigue siendo una fuente energética demasiado cara.

Además, cuando se desencadenó la crisis, el primer año se dedicó a negarla y a no hacer absolutamente nada, sólo esperar que escampara y, encima, para enturbiar más el panorama se metió en la negociación de un nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas, en el que, antes de empezar a negociar, su premisa era que sería aceptado por todas las regiones porque, en cualquier caso, cada una de ellas iba a ganar con respecto al anterior, es decir: muchísimo más gasto público comprometido de cara al futuro.

En resumen, Zapatero, en la gestión de la crisis y sus prolegómenos, ha cometido unos grandes errores, que estamos pagando ahora y vamos a seguir pagando a medio plazo. Los más importantes son haberse fijado inicialmente unas líneas rojas para no traspasarlas, y que han conseguido hundirnos más y más en la crisis. Una de ellas, es que ha dicho, por activa y por pasiva, que no va a emprender ninguna reforma laboral que no haya sido pactada previamente con los sindicatos. Esto, sencillamente y por motivos obvios, es inviable en tiempos de crisis y difícil, aunque no imposible, en tiempos de bonanza; la segunda, idem de idem con el sistema de pensiones y la sanidad; aunque ahora `prepara ya el “medicamentazo”; la tercera, proseguir por secula seculorum con el parón nuclear, y continuar con la decisión de ir cerrando todas las centrales nucleares existentes hasta que no quede ni una. Muy verde, muy de película pasada de moda de los años setenta, pero totalmente absurdo y antieconómico, sobre todo porque todos los países de nuestro entorno están haciendo lo contrario, es decir: construyendo centrales nucleares a mansalva, y cuando le compramos a Francia todos sus excedentes de producción eléctrica, que han sido producidos, en un 80%, mediante centrales nucleares. La cuarta, es ni reconocer, ni hacer apenas nada para cambiar su política de inmigración. La quinta es haberse metido, en plena época de crisis, en el maremagno de un nuevo sistema de financiación autonómica, que implica más y más gasto, y que supone un nuevo enfrentamiento entre españoles, precisamente ahora, cuando deberíamos dedicar todas las energías y recursos para luchar contra la crisis. Hay que recordar que se ha aprobado hace sólo unos pocos meses, en pleno hundimiento de la economía española. La sexta, es, en resumen, no haber hecho nada durante más de dos años hasta ahora que, obligado por instancias internacionales, se ve obligado a actuar con urgencia: ¡menudo tiempo perdido!

Ciertamente, ya en mayo de 2010, y sin duda instado por nuestros países socios, ha cambiado radicalmente su discurso, viéndose obligado a practicar unos recortes sangrientos en el gasto público, principalmente en el sueldo de los funcionarios, y congelando las pensiones. La primera conclusión es que muy mal tienen que estar las cosas para que este gobernante haya hecho una cosa así. La segunda es que el nivel de credibilidad de este gobierno con nuestros socios europeos y occidentales es, sencillamente, nulo.

Zapatero es de los que cree que todo tiene que estar supeditado a la política y a los intereses políticos, y este constituye su más terrible error. La política sólo debe ser la gestión de los intereses públicos, en este caso nacionales. Cuando España ha empezado a necesitar una cada vez mayor financiación externa, ha descubierto que conseguirla es una cuestión de credibilidad y de confianza, y que en el exterior sus sonrisas y demagogia sencillamente no valen.

Y, al final, la deducción es que España está gobernada por personas sin el carácter, ni los mínimos conocimientos o la capacidad que son necesarios para gestionar un país con graves problemas económicos. La única solución política pasaría por la convocatoria inmediata de unas nuevas elecciones, justo después del término de la presidencia de turno de la Unión Europea, y que sean los españoles los que decidan qué alternativa les merece mayor garantías para sacarnos de este berenjenal en el que estamos inmersos.

No obstante, de todo lo malo quiero quedarme con lo positivo de estas traumáticas medidas de ajuste, y es que, sin quererlo ni pretenderlo, este gobierno nos está dando una lección de educación cívica fundamental, ya que, a pesar de que los españoles han creído siempre otra cosa, el dinero que manejan los gobiernos no está en las nubes ni se produce por sí mismo ni se trata de “pólvora del Rey”, sino que es nuestro, y siempre ha sido nuestro, y que cada decisión irresponsable que toma un gobernante la tenemos que pagar, bien en el presente, o bien en el futuro, nosotros o nuestros descendientes, mediante el recurso al déficit público. Como decían los profesores antiguos: “la letra con sangre entra”, y así al menos, aprenderemos, pagándola directamente, esta amarga lección.

2 thoughts on “Zapatero está atrapado en su laberinto
Carmela

Hola Julio.

¿Elecciones? no creo que a ZP se le pase por la cabeza..

Ni tampoco sé donde vamos a llegar, estamos tocando fondo, te hablo con conocimiento de causa, desgraciadamente.
Un gran número de empresas familiares de una larga historia, osea de muchos años, como la mía, (mi padre la fundó hace más de 50 años) están cerrando o a punto de cerrar, por culpa de la nefasta dirección de éste señor.

En vez de ayudar a las pymes, las está hundiendo cada día más y lo penoso es que no se ve solución a corto plazo, es lamentable que tantas familias estén como están, y a éste brillante señor sólo se le ocurra bajar el sueldo a los funcionarios.

Debería de quitar tanto sueldo inutil como hay por ahí, tantos puestos a dedo, y tantos ministerios inútiles, rebajar su sueldo y el de los de su gobierno a la mitad y con eso ya ganabamos todos, y muchas más medidas que se podrían adoptar antes de las que acaba de tomar, con las que se está cavando su propia tumba, que eso espero.

Si es incapaz de sacar al país en el hoyo donde lo metió, podría retirarse dignamente y dejar que otro lo intente, la pena es que tampoco hay mucho donde elegir…..

En fin Julio que esto es el cuento de nunca acabar, vaya tela……
Un abrazo.

M. Nieves

Totalmente de acuerdo con lo expuesto. La credibilidad del gobierno de Zapatero en el contexto europeo, por los suelos. Un gobierno de ineptos que han legislado exclusivamente con miras electoralista, tirando del deficit público.
Los recortes podrían haber empezado por el control de la partidas presupuestarias a la CCAA y el gasto de los cargos publicos, no solo ya de los sueldos,donde hay mucha duplicidad, si no de todos los gastos superfluos que llevan adjuntos, disminución de asesores, directores y demás, todos a dedo, para colocar a amiguetes y compis de filas socialistas o peperos en sus autonomías. Y una mayor fiscalización, gradual, de las grandes fortunas y grandes empresas. El caso de la SICAV, es realmente doloroso y humillante para los menos afortunados que vemos como nuestros pequeños sueldos soportan grandes retenciones e impuestos y las Sociedades de inversiones, solo soportan una carga impositiva de un 1%.
Si hubieran empezado conteniendo el gasto politico, gravando a los mas pudientes, seguramente no hubiera sentado igual de mal que pretendan robarnos a los funcionarios de esa manera.
Zapatero es el peor presidente que hemos tenido que aguantar los españoles.
Que se hunda en sus miserias, aunque nos ahoguemos todos con el.
Es la venganza de la sangre derramada y usada con fines electoralista..

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